Sociedad

Bermúdez le da 24 horas al Santander para que aclare si ya vendió los pisos de Añaza

El alcalde ofrece garantías a los vecinos de que no habrá desalojos hasta 2021 y advierte de que “si no hay diálogo, acudiremos a los tribunales"

El alcalde JOsé Manuel Bermúdez, entre Inma Ébvora (Stop Desahucios) y Cristina Febles, portavoz de los afectados, antes de celebración la reunión. / FRAN PALLERO

 

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, desveló a primera hora de la tarde del lunes día 8 que ha dado un plazo de 24 horas al banco Santander para que aclare la situación en la que se encuentran las viviendas protegidas de Añaza, propiedad de dicha entidad financiera, y sobre las que pesa la posibilidad de un desalojo colectivo que puede afectar, en primera instancia, a unas 80 familias. La clave radica en si, como se teme, este banco ha vendido o no ya estas viviendas a un fondo buitre llamado Cerberus en el marco de una operación que abarca más de 37.000 pisos del llamado ladrillo tóxico repartidos por todo el país.

Bermúdez realizó dichas declaraciones tras una reunión a la que también asistieron la consejera de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido; el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso; la portavoz de la plataforma Stop Desahucios, Inma Évora, y tres vecinas por las familias afectadas. Durante el transcurso de la cita, los representantes de las administraciones públicas dieron garantías a las vecinas de que no podrán llevarse a cabo los desalojos, al menos, hasta 2021, año en que estas viviendas pierden su carácter de protegidas.

“Para las administraciones públicas -explicó Bermúdez- nada ha cambiado respecto a la propiedad y la administración de las viviendas, que sigue siendo del banco a través de sus empresas, llamadas Luri 6 [propietaria] y Altamira [administradora]. Esto es así porque al Gobierno de Canarias no le consta comunicación alguna al respecto”, como sería preceptivo en caso de venta o cambios en los alquileres mientras estos edificios (dos bloques situados entre la avenida Bentacayse y la calle de La Coruja del popular barrio santacrucero) tengan la condición de vivienda protegida, que no expira hasta que se cumplan 15 años desde su construcción o, lo que es lo mismo, hasta 2021. “Así las cosas, para nosotros no hay más interlocutor que el banco, y le hemos dado un plazo de 24 horas para que nos informen debidamente sobre este asunto”. Además, el alcalde comunicó que “desde el Ayuntamiento se solicita a la entidad financiera que se paren los
desahucios, y para ello vamos a activar nuestro protocolo en aquellos casos que tienen ya fecha de juicio o de alzamiento. Y en segundo lugar queremos que se sigan prorrogando los alquileres para que se mantenga la situación jurídica como estaba”.

Respecto a la interlocución con el Santander, al parecer dificultada hasta ahora porque la gestión de estos inmuebles se lleva a cabo directamente desde las oficinas centrales de la entidad, sitas en Boadilla del Monte (Madrid), Bermúdez entiende que “es posible llegar a acuerdos, porque además hay un 70% de esas familias que están siendo ayudadas por el Ayuntamiento para que estén al día de sus alquileres. Queremos mantener, insisto, la calma y el diálogo, pero no bajo la presión de los desahucios o de la no renovación de los alquileres. El objetivo es que las cosas vuelvan a su cauce, y para eso las familias tienen que estar tranquilas”. En este punto, el alcalde no dudó en reconocer que “en el caso de que fuera necesario, y no queremos llegar a eso, no dudaremos en acudir a los tribunales de Justicia. Ya estamos en un punto en que hay fechas de desahucio para, por ejemplo, el 10 de octubre, y no podemos esperar. Además, hay unas obligaciones legales que la entidad financiera tiene que respetar, y, por lo tanto, las viviendas, al ser construidas en régimen de VPO [Vivienda de Protección Oficial] no pueden ser transmitidas ni cambiarse el régimen de alquiler sin la autorización del Gobierno de Canarias, que ni se ha solicitado ni se ha concedido. Diálogo sí, pero firmeza también”.

A preguntas de DIARIO DE AVISOS, Bermúdez desveló que, este mismo año, el Santander sí que pidió información sobre la situación jurídica de las viviendas, así como que, aunque ahora mismo solo están afectadas estas 80 familias, no se puede descartar que este drama social se extienda a las 300 que componen el total de la promoción inmobiliaria que nos ocupa. “Hoy son 80, pero mañana pueden llegar a ser esas 300”, apuntó el alcalde, quien añadió que “hoy mismo [ayer para el lector] saldrán cartas dirigidas al banco para que paren los desahucios y se renueven alquileres”.

Por su parte, la consejera Valido aclaró que “estamos al lado de los vecinos, con el Ayuntamiento y con el Cabildo, y mañana mismo [hoy para el lector] se enviará un burofax a la entidad financiera y otro a la gestora inmobiliaria donde les vamos a contar que sabemos lo que están haciendo, les preguntaremos sobre cosas que nos cuentan los vecinos [en referencia a llamadas telefónicas con amenazas de un desalojo inminente] y a recordarles cuáles son sus obligaciones legales”.

Por último, una portavoz de los afectados, Cristina Febles, se limitó a apuntar que “salimos contentas de la reunión, tenemos esperanza y ahora es cuestión de que los vecinos tengamos un poco de paciencia”.