Viernes a la sombra

Datos de Fiscalía

Ha sido tajante el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, al reconocer que la comisión de delitos de violencia machista comporta “desconsideración, desigualdad y maltrato”, tres factores que ponen de relieve la necesidad de seguir insistiendo en medidas preventivas en cuanto que la sociedad -esa que calificamos como enferma cada vez que un hecho execrable ...read more →

Ha sido tajante el fiscal superior de Canarias, Vicente Garrido, al reconocer que la comisión de delitos de violencia machista comporta “desconsideración, desigualdad y maltrato”, tres factores que ponen de relieve la necesidad de seguir insistiendo en medidas preventivas en cuanto que la sociedad -esa que calificamos como enferma cada vez que un hecho execrable rompe esquemas de racionalidad y sensatez- no se libera de una auténtica lacra que sacude las conciencias o los cimientos cuando se produce. Dice Garrido, tras registrar la Memoria Anual en el Parlamento autonómico, que los datos en esa materia son estables y no se aprecia un incremento interanual notable, “pero lo deseable es que este tipo de delitos disminuyese”.

Hay que perseverar, por tanto, en ese Pacto de Estado contra la violencia de género que involucra a comunidades autónomas, ayuntamientos y entidades locales y tiene consignación en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Pacto que tiene que ser sinónimo de compromiso político y de voluntad manifiesta para erradicar uno de los grandes males de nuestros días. Estamos ante un problema de envergadura que brota en cualquier sitio y en cualquier ámbito social. Desde luego, no es fácil dar con la cura. Es más, los avances producidos hasta la fecha no habrán surtido los efectos deseados. Pero los poderes públicos -también en Canarias- tienen mucho que decir y la sociedad, en su conjunto, ha de responder de una forma distinta a la que ha seguido. Las mujeres tienen que sentirse seguras. Es una cuestión de dignidad y preservarla equivale al concurso de todos.

Pero la comparecencia del fiscal-jefe Garrido ha servido también para mantener el foco en dos situaciones que han cobrado notoriedad a lo largo de los últimos tiempos: el acoso escolar y los comportamientos contrarios a la libertad sexual. Es natural que el aumento de las cifras y porcentajes eleve la preocupación en la comunidad educativa y en los responsables del funcionamiento del sistema, tal es así que en la Memoria se destacan sus esfuerzos de mediación para tratar de resolver muchas situaciones. Las coacciones y las amenazas que abundan en las redes sociales significan una circunstancia agravante. Aquí, habrá que intensificar la labor de pedagogía, pues de lo contrario se alcanzarán niveles incontrolables de riesgo, desarreglo, inadaptación y exclusión social. Hay que insistir, en ese sentido, en el fortalecimiento de las políticas a favor de la infancia. Es la hora de promover la educación en igualdad de oportunidades y de trato. Asimismo, del respeto a la diversidad y a los derechos humanos. La convivencia intercultural es decisiva, máxime cuando arrecian oleadas de racismo y xenofobia.

El caso es que no se agraven estos males en períodos decisivos de la formación de las personas. Solo será posible con iniciativas valientes y esclarecedoras que tengan también en cuenta a las organizaciones de infancia y menores. Este informe de la fiscalía superior de Canarias se alerta de una realidad inquietante. Si la seguridad de las mujeres es una cuestión de dignidad, las conductas de los menores, en una sociedad muy expuesta a subversiones de distinto tipo, merecen, desde luego, una atención sensible y práctica.