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El oscurantismo del Santander sobre Añaza causa la retirada de 29 millones públicos

La medida, que puede ampliarse, se adopta tras el desprecio de la entidad a los afectados e instituciones canarias, que sigue sin informar sobre los desahucios en Añaza
Es la segunda cumbre entre afectados, activistas y administraciones que tiene lugar por el caso de Añaza. FRAN PALLERO

El oscurantismo con que el Grupo Santander está tratando a las principales instituciones de Canarias provocó ayer lunes la orden de retirar un total de 29 millones de euros del dinero depositado por dos administraciones públicas de Tenerife en sus cuentas.

Así lo anunciaron a primera hora de la tarde tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como el Cabildo, que sacarán parte de los fondos públicos depositados en la entidad financiera como respuesta a la falta de información oficial por parte de la misma acerca del posible  desahucio de 358 familias en el capitalino barrio de Añaza.

En el caso del Consistorio, fue el alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, quien desveló que ya ha dado la orden de retirar dos de los aproximadamente 4,5 millones de euros municipales allí depositados, en una comparecencia celebrada ante los medios de comunicación tras reunirse con representantes del Cabildo y del Gobierno de Canarias, de los afectados y la activista de la PAH Inma Évora.

Precisamente, Évora y algunos vecinos denunciaron el pasado lunes ante la Fiscalía este caso, tras el cual está la supuesta venta por parte del Santander de estos inmuebles a un fondo buitre, Cerberus, cuyo presidente de operaciones globales es el exvicepresidente de EE. UU. Dan Quayle.

Minutos después, el Cabildo anunció que apoya la iniciativa capitalina, mediante la orden de retirar 27 millones de euros que tiene en cuentas del Santander. Fuentes de la Corporación insular detallaron a este periódico que aún conservarán otros 11 millones. Tanto en un caso como en el otro, no se descarta que finalmente sea retirado todo el dinero, pero la puerta hacia una mesa para el diálogo nunca se ha cerrado definitivamente.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, representado ayer por la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, no ha contemplado aún tal medida, pero sí confirmó (como adelantó este periódico) que estudia abrir un expediente sancionador al Santander en 10 días, aunque reconoce que la falta de información (tanto por parte del banco como interna) dificulta este paso, que inicia la vía administrativa.

Por los datos aportados por los afectados, todo apunta a que Altamira, firma del Santander que administra estos inmuebles, lleva años actuando sin los preceptivos visados gubernamentales para el cambio de condiciones en alquileres y arrendamientos.

Centenares de millones de beneficios en las Islas

Aunque el Grupo Santander no recibirá precisamente con agrado la noticia de que se van a retirar 29 millones de euros en sus cuentas, tal y como anunciaron ayer tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife como el Cabildo Insular, lo cierto es que estamos hablando de uno de los gigantes financieros en la economía del Archipiélago, que recientemente absorbió el Popular. No en balde, esta entidad financiera controla aproximadamente el 31% de la cuota de mercado en las Islas, solo superada (por escaso margen) por el líder, CaixaBank.

Aunque el Santander no desvela el volumen real de su negocio en Canarias (como sí hacen otras entidades de forma periódica), se estima que los beneficios anuales que obtiene en estas islas se cifran en centenares de millones.

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