
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dirigido al Grupo Santander un escrito donde se le insta a que cumpla con lo prometido por esta entidad financiera y frene de una vez los desahucios en las 358 viviendas del santacrucero barrio de Añaza, que, en un principio, pretendía vender a un fondo buitre llamado Cerberus y sobre las que ahora ha cerrado un preacuerdo para que las adquiera el Gobierno de Canarias. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento se hace eco de las reclamaciones que con el mismo fin ya efectuaron tanto los afectados de este posible drama social como los activistas que los apoyan, según informó DIARIO DE AVISOS.
Básicamente, lo que pide la Corporación local es que el Santander solicite la acumulación de los procesos dispersados hoy en día entre distintos juzgados del partido judicial capitalino, para a continuación proceder a la suspensión de estas reclamaciones,
Así se recoge en una misiva firmada por el propio alcalde santacrucero, José Manuel Bermúdez, donde tras recordar la primera carta remitida desde el Ayuntamiento pidiendo la paralización de estos desalojos, señala: “En respuesta a dicho oficio, el día 18 de este mes de octubre, se recibió en este Ayuntamiento un escrito del Banco Santander, en el que nos indicaban que “la sociedad Luri 6 no va a proceder a realizar ningún lanzamiento de inquilinos en situación de vulnerabilidad, aun cuando pueda haber impagos de renta”. Toda vez que al día de la fecha, no se ha recibido comunicación de los distintos órganos judiciales que están tramitando los diferentes procedimientos de desahucio y existiendo fechas señaladas de algunos lanzamientos, se le solicita que dé instrucciones expresas a sus Servicios Jurídicos para que insten la suspensión de dichos procesos, evitando así aumentar la incertidumbre y la alarma social que ya se ha generado con este tema en las familias afectadas e impedir, además, que se provoquen situaciones de desamparo y exclusión social a personas que, en muchos casos, no disponen de recursos económicos. Asimismo, se le insta a requerir la acumulación de los procedimientos en curso, en un único órgano judicial, dado que existe identidad de objeto y demandante, evitando así la dispersión procesal que se está produciendo en la actualidad”.
Lo cierto es que, tal y como denuncian los afectados y los activistas, los desahucios siguen su curso. Desde que medios como DIARIO DE AVISOS dieron la voz de alarma sobre el caso, se han frenado tres desalojos in extremis. Además, para el próximo 8 de noviembre está fechado el próximo lanzamiento en estas viviendas.





