La comunidad educativa de Canarias se enfrenta a un nuevo conflicto institucional. El sindicato STEC-IC ha denunciado de forma pública la firme intención de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias de suprimir el Bachillerato de Artes de La Gomera, concretamente en las aulas del IES San Sebastián de La Gomera. La administración regional ya ha trasladado la notificación oficial a la dirección del centro escolar, argumentando que la viabilidad del servicio se encuentra comprometida debido a que no se registra un número de matrículas suficientes para el próximo periodo lectivo.
La respuesta de las organizaciones de representación del profesorado ha sido inmediata y contundente. Desde el STEC-IC han recordado de forma tajante a los actuales responsables del área autonómica que el proceso administrativo de escolarización y matrícula para el nuevo curso escolar todavía no se ha dado por cerrado. Por este motivo, el sindicato recalca que existe la posibilidad técnica y real de que se incorpore nuevo alumnado de manera sobrevenida a lo largo de las próximas semanas, lo que invalidaría los criterios cuantitativos utilizados por el Ejecutivo autonómico.
El impacto del recorte en el Bachillerato de Artes de La Gomera
La decisión de eliminar el Bachillerato de Artes de La Gomera supone, a juicio de los representantes sociales, un grave precedente en la gestión de los servicios públicos en las islas no capitalinas. El sindicato denuncia abiertamente que a los altos cargos de la Consejería de Educación se les olvida con demasiada frecuencia una premisa fundamental: la enseñanza es un derecho ciudadano y un servicio público esencial, por lo que su viabilidad debe gestionarse bajo criterios de rentabilidad social y no puramente económicos o estadísticos.
La desaparición de esta oferta formativa en el IES San Sebastián de La Gomera ha generado un rechazo absoluto dentro de la comunidad escolar de la isla colombina. Los colectivos de padres, madres y docentes consideran que la no continuidad del itinerario artístico representa un claro atentado contra el desarrollo sociocultural de la isla, vulnerando de forma directa el principio básico de no discriminación territorial e interinsular que debe imperar en el archipiélago canario.
Una brecha educativa que obliga a migrar a Tenerife
La realidad geográfica de la provincia agrava de forma sustancial las consecuencias de esta medida. Al tratarse del único centro de educación secundaria de toda la isla que ofertaba la modalidad artística, la supresión del Bachillerato de Artes La Gomera sitúa en una posición de vulnerabilidad extrema a los jóvenes creadores locales. Aquellos estudiantes que deseen continuar de forma obligatoria con su vocación y formación técnica en las disciplinas artísticas se verán abocados a abandonar su entorno familiar y trasladarse a la isla de Tenerife para cursar sus estudios.
Este escenario es calificado por las fuerzas sindicales como una profunda injusticia social que incrementa los costes económicos de las familias gomeras y fomenta el desarraigo juvenil de las islas menores. Ante esta situación, el STEC-IC ha emitido una seria advertencia a las autoridades de la Consejería de Educación, acusándolas de incurrir de forma sistemática en una estrategia de desmantelamiento progresivo de la Educación Pública en beneficio de la contención del gasto.
El sindicato ha manifestado con firmeza que no va a consentir que el Gobierno regional continúe adelante con la ejecución de estos planes de recorte técnico. Sostienen de manera unánime que el desarrollo académico y la cualificación del alumnado de la comunidad canaria posee una importancia social incalculable que se sitúa muy por encima de la necesidad administrativa de cuadrar un presupuesto autonómico deficitario y condicionado a la baja año tras año.
Finalmente, las organizaciones laborales insisten en que el mantenimiento del Bachillerato de Artes La Gomera en las instalaciones del IES San Sebastián no genera en ningún caso un coste económico adicional para las arcas del Gobierno canario, dado que las infraestructuras y el personal ya se encuentran integrados en la red pública. El sindicato concluye afirmando que se trata de una resolución adoptada desde la soberbia y la prepotencia de quienes consideran que pueden ejercer la gestión institucional sin la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía afectada. “Eso no va a suceder mientras podamos frenarlo”, sentencian los portavoces del colectivo.






