El drama social de los desahucios ya se sufre en el popular barrio santacrucero de Añaza, a pesar de que ni siquiera hay constancia de que el fondo buitre Cerberus, cuyo hombre fuerte en España es José María Aznar Botella, haya cerrado ya la compra de las 358 viviendas protegidas sobre las que hoy pende la amenaza de un desalojo masivo que resultaría catastrófico para otras tantas familias. Al no haber confirmación oficial de tal venta por el Grupo Santander (que continúa haciendo caso omiso a las instituciones canarias, que llevan una semana esperando por su respuesta), hay que achacar a esta entidad financiera que siga porfiando para dejar a familias capitalinas en la calle.
Si hace unos días se lograron aplazar dos casos, para las once y media de la mañana de hoy está previsto el desahucio de una madre, de nombre Valeria, y de su hijo menor de edad, tal y como desvelaron en la tarde de ayer activistas como Inma Évora (Plataforma Afectados por la Hipoteca) y Lolo Dorta (Plataforma vecinal y social 29-E). En ambos casos se ha llamado a la movilización desde las nueve de la mañana, con el objeto de acompañar a esta familia en tan complicado trance.
Para ello, ayer circuló sin cesar por las redes el siguiente texto: “El Banco Santander y Luri 6 [empresa de este banco que detenta jurídicamente la propiedad de estos inmuebles en Añaza] continúan desahuciando a familias vulnerables a pesar de las reiteradas peticiones de paralización de los desahucios de las administraciones públicas, plataformas y vecinos, de sus incumplimientos en materia de vivienda protegida, de su ninguneo y desfachatez ante la sociedad canaria. En el mismo comunicado se convoca una concentración frente al inmueble para las nueve de esta mañana, con el fin de “acompañar a Valeria, una madre con un menor a su cargo”.
El motivo del lanzamiento (término jurídico para la devolución de la posesión de un inmueble a su propietario) es el impago de alquileres, algo tristemente habitual en unas viviendas donde se estima que entre el 70 y el 90% de sus moradores son usuarios de los servicios sociales. Está dictado por el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que celebró la correspondiente vista el pasado 19 de septiembre.
Pero no todo está perdido. Fuentes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife desvelaron anoche a DIARIO DE AVISOS que, tras enterarse igualmente en la tarde de ayer de lo que le esperaba hoy a la familia afectada, se han activado los mecanismos necesarios para que, a primera hora de hoy, se presente un escrito ante el referido juzgado para, in extremis, evitar el desalojo de Valeria y su hijo o, cuando menos, aplazarlo unos días.
Como ya se hizo en los desahucios previstos para el viernes y el lunes pasado, el Ayuntamiento actuará en el marco del protocolo aprobado en 2012 para este tipo de casos y alegará razones humanitarias y lo irreversible de los daños que se pueden ocasionar para frenar el lanzamiento.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas