La oposición parlamentaria se hizo ayer eco unánimemente del clamor popular contra los vertidos incontrolados en Canarias, una asignatura pendiente de nuestros gobernantes, y la actual consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Ejecutivo regional, Nieves Lady Barreto (CC), no dudó en entonar el mea culpa.
“Las administraciones públicas canarias no han dado importancia a la gestión del saneamiento y depuración en las Islas, al menos desde 1991, cuando llegaron las primeras advertencias de la Unión Europea (UE), pues la importancia se da con dinero en los presupuestos”, llegó a reconocer Barreto en su comparecencia parlamentaria de ayer. “No voy a decir una mentira, desde 2007 no había censo actualizado ni se hacía vigilancia ni control”, señaló la consejera, para quien “hace falta tiempo y dinero” para resolver los problemas de vertidos en las Islas, porque las depuradoras necesarias “no van a estar listas pasado mañana”. Lo cierto es que Barreto escuchó ayer las críticas que le llegaron desde todo el arco parlamentario, que exige al unísono un plan integral para acabar de una vez con unos vertidos que, incluso, han motivado multas de la Unión Europea a España por echar agua sin depurar al mar desde Valle Guerra y el Valle de Güímar.
Incluso, un juzgado güimarero instruye por esta causa unas diligencias por las que han sido declaradas como imputados (ahora investigados) 10 personas, entre ellas los alcaldes María Brito (Candelaria), Luisa Castro (Güímar) y Juan Jesús Lemes (Arafo). Así, Gladys Acuña (Nueva Canarias) acusó al Gobierno que preside Fernando Clavijo de falta de planificación. Aunque reconoció que “al menos” se ha hecho un censo, denunció que hay núcleos que vierten al mar directamente porque no tienen saneamiento.
También la diputada del PP Luz Reverón reclamó al Gobierno un plan integral de choque que “por lo menos vaya poniendo medidas” para lo que queda de legislatura y que se utilicen los medios públicos para concienciar a los ciudadanos. La diputada del PSOE Nayra Alemán lamentó a su vez que las infraestructuras de depuración son obsoletas en el mejor de los casos, porque en muchos son inexistentes, lo cual, a su juicio, es bastante escandaloso.
Especialmente acerada fue la crítica del diputado de Podemos Manuel Marrero, quien culpó a los gobiernos anteriores por inacción, y llegó a preguntarse si hay algún emisario submarino que no esté roto. Marrero reprochó al Gobierno actual que haya descuidado “bastante” la depuración y el saneamiento, a pesar de que es su obligación, porque “no se pueden inaugurar tuberías bajo tierra”.
Asimismo, el diputado de la Agrupación Socialista Gomera Jesús Ramos Chinea recordó que “somos una comunidad que genera gran cantidad de aguas residuales por nuestra dependencia del turismo”, tras lo cual censuró que, en muchos casos, las infraestructuras no son adecuadas al crecimiento de la población y el turismo.
En resumen, ayer el Parlamento reflejó la indignación social surgida con el escándalo de las microalgas, y que se alimenta de datos tan terribles como los del propio Cabildo de Tenerife, Isla desde donde se vierten al mar 57 millones de litros de agua sin depurar al día.
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