El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, alcanzaron ayer un preacuerdo para que el Ejecutivo regional compre las 358 viviendas protegidas que son propiedad de la entidad financiera en el santacrucero barrio de Añaza, y sobre los que pesaba un posible desalojo masivo en caso de ser incluidas en una macrooperación de 35.700 inmuebles repartidos por toda España por los que se interesa un fondo buitre llamado Cerberus.
En cuanto al anuncio gubernamental de ayer, cabe recordar que el Ejecutivo que preside Clavijo cuenta con un derecho de tanteo preferencial para dicha compra que está vigente hasta 2021.
Dicho anuncio se produce después de una semana en la que no ha cesado tanto la presión de los vecinos afectados como la de activistas sociales y la de medios de comunicación como DIARIO DE AVISOS, a tal punto que este posible drama social se ha convertido en el tema de primera página indiscutible desde que los propios vecinos dieron la voz de alarma la semana pasada.
Lograda la implicación plena de instituciones como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife¡, Cabildo y el propio Gobierno, ayer llegó el anuncio de Clavijo, que hace referencia a una reunión mantenida ayer en Madrid (de la que no hay constancia gráfica) con el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, quien recordó que “Santander se comprometió desde el inicio de la crisis a no hacer ningún desalojo a familias vulnerables”, a la par que reafirmó su voluntad de colaborar con el Gobierno de Canarias y facilitar a las administraciones vías para desarrollar su política social.
“El Grupo Santander ha sido siempre sensible a la situación de crisis económica y desde 2012 no ha hecho ningún desalojo a familias con dificultades para pagar la hipoteca, buscando siempre soluciones de forma individual y con medidas a favor de los clientes vulnerables en riesgo de exclusión social que, en su conjunto, han beneficiado a más de 60.000 familias en toda España”, añadió Aboukhair.
Sin embargo, solo en la última semana los juzgados capitalinos han tenido que paralizar tres lanzamientos judiciales en otras tantas viviendas de estos bloques de edificios de Añaza.
Tales decisiones se llevaron a cabo a requerimiento del Ayuntamiento en aplicación del protocolo aprobado a tal fin en 2012, y los motivos alegados son razones humanitarias y los daños irreversibles que el desahucio tiene entre unas familias que, hoy su gran mayoría, son usuarios de los servicios sociales.
Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias manifestó su preocupación por la situación de las familias más vulnerables, y valoró muy positivamente la sensibilidad y la voluntad de la entidad. Clavijo destacó, además, la importancia de este preacuerdo que avanza en la estabilidad y tranquilidad de los vecinos del santacrucero barrio de Añaza.
El mandatario regional señaló igualmente que este preacuerdo terminará de formalizarse la próxima semana durante un encuentro que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife y en el que, además de altos directivos de la entidad bancaria, estarán también presentes el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso.
Alegría contenida
La noticia del preacuerdo para adquirir estas viviendas causó ayer una suerte de alegría contenida entre los vecinos afectados con los que se puso en contacto DIARIO DE AVISOS.
Marta, aún convaleciente del desmayo que sufrió durante una asamblea vecinal y que ella achaca a los nervios sufridos en estos días, reconoció que “estamos contentas, pero la verdad es que lo estamos pasando mal y ojalá todo quede solucionado lo más pronto posible. Por su parte, Mercedes se sumó a dicha alegría, si bien puntualizó que “tampoco nos vamos a dejar llevar ahora hasta que tengamos los documentos firmados, porque entiendan que no nos fiamos mucho ni de unos ni de otros”.
Cronología
Hace exactamente dos semanas que DIARIO DE AVISOS se hizo eco de la primera concentración de afectados frente a estas viviendas de Añaza con una portada impactante que recogía el miedo y la angustia surgida en el barrio ante la posible venta de sus pisos a un fondo buitre. A esa reunión siguieron muchas y más numerosas, impulsando a su vez dos cumbres entre instituciones, vecinos y activistas, ambas celebradas en el Ayuntamiento capitalino, donde en la mañana de hoy se verán de nuevo los aludidos. Tras un ultimátum ignorado por la entidad, el amago de retirar 29 millones de euros públicos de las cuentas del Santander motivó la primera respuesta de la entidad y, 24 horas después, el anuncio de este preacuerdo para la adquisición de las viviendas.
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