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Una madre lagunera con tres hijos, a punto de ser desahuciada por Visocan

La empresa pública de vivienda del Gobierno regional demandó a la afectada, aunque un decreto judicial notificado ayer suspendió temporalmente el desalojo para buscar una solución
Juzgados de La Laguna. | EP
Juzgados de La Laguna. | EP
El Juzgado Número 5 de La Laguna suspendió temporalmente el desahucio de la mujer y sus tres hijos de una vivienda ubicada en Geneto. / DA

La empresa pública de promoción de viviendas protegidas de Canarias, Visocan, desistió en la mañana de ayer de desalojar a una madre con tres hijos en la calle Nínive, en el barrio lagunero de Geneto. La mujer, que se vio hace cuatro años en la misma situación, ocupó esta vivienda pública con sus tres hijos y su pareja, y en los primeros meses no contaban ni con el suministro de agua potable.

El decreto de suspensión temporal del desalojo remitido por el Juzgado de Primera Instancia Nº5 de La Laguna fechado el pasado jueves y notificado ayer, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, confirmó que “la parte actora (Visocan) ha solicitado la suspensión temporal de la tramitación procesal (…) al estar en vías de negociación para que encuentre la parte demandada una alternativa habitacional”. En el citado documento jurídico se especifica que “el plazo de la suspensión no puede superar los 60 días”. En un decreto anterior, fechado el pasado 1 de octubre, se especifica que Visocan le demanda a la joven 50.000 euros por la ocupación del inmueble.

La directora insular de Vivienda, Marta Arocha (PSOE), que se interesó desde el primer momento por este caso, que ya siguió la diputada del PSOE y exvicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, aseguró ayer a este periódico que “no se puede permitir que una empresa pública desaloje a una familia”, al tiempo que reconoció que “aunque es una ocupación ilegal, la Administración no puede mirar para otro lado tras cuatro años, y no se entiende que el Instituto Canario de la Vivienda no haya buscado una solución.” En la misma línea argumental, Arocha se preguntó “a quién se le va a asignar esa vivienda”.

Estos bloques de viviendas públicas están en régimen de alquiler social, opción elegida para las 358 pisos de Añaza, que va a comprar el Gobierno de Canarias al Banco Santander, operación de la que ha dado pormenorizada información DIARIO DE AVISOS. A este respecto, Marta Arocha aseveró que “hay un problema estructural de vivienda en Tenerife y el problema de Añaza es solo la punta del iceberg.” Hay más casos en la Isla como el de Añaza y sería fantástico que el Gobierno de Canarias comprara más edificios”, añadió Arocha, quien puso sobre la mesa dos ideas que su compañera de partido, la diputada regional Patricia Hernández, aportó como posibles soluciones al problema de la vivienda en las Islas, poco antes de la ruptura del pacto de gobierno con Coalición Canaria (CC): por un lado, la de utilizar los 10 millones de euros del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) a comprar viviendas, “pero prefirieron hacer aparcamientos y rotondas”, y, por otro y de manera complementaria, realizar un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar de primera mano todos los procesos judiciales “y evitar así que se produjesen más desahucios”. La directora insular de Vivienda remarcó que “se siguen produciendo desahucios y desde el Cabildo estamos intermediando para evitarlos con el proyecto Base 25, que llevamos a cabo junto a Cáritas Diocesana”. En esta iniciativa se trabaja con personas que están en riesgo de perder sus viviendas, mediante la puesta a disposición de un equipo multidisciplinar que les acompañará durante todo el proceso hasta que consigan normalizar sus vidas.

Pino de León (CC): “Hay obligación de mandar el requerimiento”

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León (CC), aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “el objetivo del Gobierno autonómico es buscar una solución a las familias que demuestren ante los servicios sociales de los ayuntamientos que no tienen recursos”. Sin conocer el caso concreto por el que atendió la llamada de este periódico -según afirmó la responsable del Instituto Canario de la Vivienda-, insistió en que “le hemos dado instrucciones a Visocan para que inicie los procedimientos judiciales cuando se produce un impago en los contratos de arrendamiento, porque hay obligación de enviar el requerimiento”.

No obstante, De León matizó que, “aunque se produzca ese requerimiento, para las personas sin medios económicos se buscan recursos alternativos con los ayuntamientos o a través del programa Canarias+ viviendas Xfamilias”.

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