Seis planes generales de ordenación de otros tantos municipios en tramitación y hasta 29 expedientes de evaluación impacto ambiental. Es la tarea que tiene sobre la mesa de trabajo el equipo de la Comisión Ambiental de La Palma, un órgano vital para el desarrollo económico de la Isla ya que “agiliza los procedimientos de aprobación y autorización de proyectos, tanto de iniciativa pública como privada, así como de instrumentos de planeamiento”, algunos de ellos en tramitación por parte de ayuntamientos palmeros a través de la Cotmac durante más de tres lustros.
El equipo está liderado por tres mujeres, encabezado por la ingeniera de montes, Elena Castro; la abogada Noelia Lorenzo; y la arquitecta Tamara Herrera, y se completa con dos hombres, un biólogo y un Licenciado en Ciencias Ambientales.
En ellas recae la valoración de asuntos de enorme trascendencia para La Palma, su resolución y su encaje. Asegura el consejero de Planificación del Cabildo palmero, Gonzalo Pascual, que “hay un enorme volumen de trabajo, pero sobrada capacidad para resolver los trámites ambientales de cualquier proyecto que quiera desarrollarse en la Isla, desde un hotel en suelo rústico a la construcción de una balsa o la construcción de una nueva carretera”. “Todo converge en este equipo”, subraya. Este órgano supone la mayoría de edad del Cabildo en materia de planificación al amparo de la Ley 4/2017, su independencia a la hora emitir informes ambientales y preceptivos para la aprobación de proyectos, pero también una enorme responsabilidad que hasta noviembre del pasado año, estaba en manos de la controvertida Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Promotores, ayuntamientos y particulares. Todos tienen la mirada puesta en esta nueva Comisión de la que esperan una agilidad administrativa desconocida hasta la fecha por los palmeros, muy alejada de la excesiva burocratización de la Cotmac atribuida en ocasiones al enorme volumen de trabajo de siete islas, y objeto permanente de críticas. Además de la revisión de seis planeamientos municipales, y casi una treintena de expedientes de impacto ambiental, a la mesa de trabajo de estas tres mujeres llegarán en breve nuevos asuntos, una vez los ayuntamientos palmeros suscriban convenios de colaboración con el Cabildo.
Señalan las responsables de la Comisión en declaraciones a este periódico que “el día 23 de octubre la Comisión ha aprobado unas Instrucciones para la evaluación ambiental de proyectos que se ubiquen en Red Natura 2000, determinando a priori las condiciones ambientales que deben cumplir, los documentos y trámites que integran el procedimiento de evaluación de este tipo de expedientes, así como la exención automática de evaluación de determinados proyectos que, por su escasa entidad, se entiende a priori que no afectan de forma apreciable a los valores naturales presentes en la zona”.
Preguntadas sobre la dimensión de esta Comisión, coinciden al valorar que “la creación de un órgano ambiental a nivel insular tiene gran importancia para el desarrollo económico de la isla, ya que agiliza los procedimientos de aprobación y autorización de proyectos, tanto de iniciativa pública como privada, y de aprobación de instrumentos de planeamiento”.
La Comisión de Evaluación Ambiental de La Palma se creó en pleno del Cabildo en noviembre del pasado año, de 2017, posteriormente modificado mediante acuerdo de 29 de diciembre de 2017, al amparo de la nueva Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que otorga al Cabildo y a los Ayuntamientos competencias en materia de evaluación ambiental, tanto de instrumentos de ordenación como de proyectos.
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