CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Garrido dice que desde la Fiscalía se actúa con “independencia e imparcialidad”

"Nunca jamás en mi vida he recibido ningún tipo de presión por parte de nadie", en referencia al caso Grúas que afecta a Clavijo

Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido. / DA
Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido. / DA

El Fiscal Superior de Canarias, Vicente Garrido, ha afirmado este jueves que “jamás” ha recibido presiones en el ejercicio de su actividad como fiscal –36 años, de los que 14 son como fiscal superior– y que desde su institución se trabaja con “independencia e imparcialidad”.

Garrido se ha referido así la pregunta planteada por el diputado del Grupo Socialista, Gustavo Matos, en torno al ‘caso grúas’ durante la presentación de la memoria de 2017 en comisión parlamentaria, donde ha resaltado que a veces se actúa “con acierto o con fallo”, y para ese caso, dijo, “están los tribunales”.

“Nunca jamás en mi vida he recibido ningún tipo de presión por parte de nadie”, ha expuesto a los diputados, aclarando que esa posición no se refiere solo a la instrucción del ‘caso grúas’ –que afecta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo–, sino a toda su carrera judicial, si bien no ha ocultado la “explosión mediática” que está afectando a las instituciones judiciales.

Ha defendido el trabajo “colegiado” en la Fiscalía donde se intercambia información de manera continua, algo que es “normal”, lo mismo que la labor de coordinación y control de la Fiscalía Superior, algo “frecuentísimo” dado que hay una estructura jerarquizada y piramidal.

Asimismo, ha dicho que “no es conveniente levantar sombras de dudas ni sospechas de mala actuación” sobre la acción de la justicia porque “la sociedad empieza a dudar”, y puso como ejemplo de trabajo de la Fiscalía el ‘caso Las Teresitas’ donde “la independencia fue total”.

“El estado de derecho funciona y los tribunales velan por la garantía de los ciudadanos, es bueno respetarlo, más allá de los casos concretos”, ha apuntado.

Garrido se ha mostrado “orgulloso” del trabajo de todos los fiscales, “difícil y anónimo”, que realizan “sin atadura ni sumisión, con rigor, legalidad e imparcialidad”, todo con una plantilla “escasa” de 122 efectivos, especialmente tras los cambios con la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que han generado un “plus de trabajo”.

Sobre la memoria, ha dicho que se caracteriza por la “estabilización” de los procesos, con algo más de 132.000 diligencias previas el año pasado, lamentando que el Ministerio Fiscal aún sea utilizado para los delitos leves.

Garrido ha admitido que hay “demora y retraso” en asuntos de gran trascendencia judicial y mediática, lo que “genera descrédito” de los operadores de justicia, por lo que ha pedido a “todos” ser “autocríticos” y reflexionar ya que “no hay justicia penal cuando el procedimiento se demora en exceso, doce o trece años”.

En ese sentido, ha apuntado que hay que reflexionar sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, “preservando” los derechos fundamentales y el derecho a la justicia, se puedan ir recortando los plazos. “Una justicia después de 10 años no es justicia, pase lo que pase con la sentencia”, ha apuntado.

LA SITUACIÓN EN SANTA CRUZ “CLAMA AL CIELO”

En su opinión, “algo debe estar mal” cuando de más de 200.000 procesos abiertos por la Fiscalía el año pasado solo fructifica el 12% –un 3% con juicios y sentencias–.

Garrido ha reclamado también la “modernización” de la oficina fiscal porque los funcionarios son de una “extraordinaria valía” pero “no están rentabilizados”, especialmente en Santa Cruz de Tenerife, donde la situación “clama al cielo”.

El fiscal ha hecho una referencia expresa a los centros de mayores de las islas, donde se ha ordenado el cierre de algunos privados, con autorizaciones provisionales que se extienden en el tiempo y mayores que tienen “aparcados” sin actividad todo el día.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha tildado de “desafortunadas” las declaraciones públicas que han puesto en entredicho la imparcialidad de la Fiscalía en torno al ‘caso grúas’, al tiempo que ha lamentado su saturación por la falta de personal y un volumen de trabajo “insostenible”.

Ha criticado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal no ha rebajado la litigiosidad ni ha logrado “atajar” los crímenes relacionados con la violencia contra la mujer, que sigue siendo una gran “lacra social” en todo el país.

NC RESPALDA A LA FISCALÍA

Esther González, de Nueva Canarias (NC), ha reivindicado la “estricta separación de poderes” y aunque cree que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tiene “derecho” a realizar su defensa, no lo hace “en igualdad de condiciones” con el resto de los ciudadanos, pues pudo comparecer ante el Parlamento para explicar el caso y goza de mucho seguimiento mediático.

“Hacemos un llamamiento para que cualquier cargo público utilice los mismos medios que un ciudadano de a pie”, ha señalado, remarcando el “total apoyo” de su grupo a la acción de la Fiscalía.

González ha resaltado la “insuficiencia” de personal en la Fiscalía, lo que lastra la agilidad de los procedimientos legales, y de las propias instalaciones, especialmente en Santa Cruz de Teneirfe y Puerto del Rosario, y ha coincidido con Garrido en pedir una “revisión” del funcionamiento judicial y la generalización de los juicios rápidos.

María del Río, de Podemos, ha alertado del “incremento” de cifras relacionadas con la violencia machista y los abusos sexuales y por ello, se ha preguntado “qué déficit” tiene la Fiscalía para poder atender a todos estos casos.

Su compañera, Concepción Monzón, ha dicho que el trabajo de la Fiscalía es “esencial” en la defensa de los intereses generales, tildando de “vergonzoso” que no haya una oficina de atención a las víctimas y de “lamentable” las instituciones del Instituto de Medicina Legal.

Luz Reverón, del Grupo Popular, ha incidido en la “escasez” de personal de la Fiscalía, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura, y en los “datos escalofriantes” de la violencia contra las mujeres, que es un “reto pendiente” de toda la sociedad.

Por el Grupo Socialista, Gustavo Matos, ha criticado que Clavijo “ponga en duda” la actuación de la Fiscalía de ahí que haya mostrado el “respeto y solidaridad” de su grupo parlamentario, pidiendo que desde las instituciones se tenga “altura de miras” y no se contribuya “a un clima de intoxicación e incendio”.

Ha dicho que “algunos” solo se preocupan por la justicia “cuando les toca directamente” porque solo el año pasado se abrieron más de 132.000 diligencias. “Esto no es admisible”, ha apuntado, reconociendo que la “lentitud” de muchos casos se debe a la falta de personal y medios.

“NO SE PUEDE HACER MÁS CON MENOS”

“No se puede hacer más con menos”, ha agregado Matos, poniendo como ejemplo que el consejero de Sanidad se queje de las listas de espera sanitarias cuando le tienen que operar.

Ha dicho que le “preocupa” la “falta de medios” de la Fiscalía, en condiciones “deplorables” en el caso concreto de Tenerife, con falta de espacio, mesas compartidas o sistemas informáticos que no funcionan correctamente.

Socorro Beato, del Grupo Nacionalista ha dicho que “son respetuosos” con los procesos judiciales, en referencia al ‘caso grúas’, incidiendo en que todos los ciudadanos tienen derecho a su defensa, a ser informados, a la presunción de inocencia y no sufrir dilaciones indebidas.

Sobre la falta de medios, ha comentado que se sigue trabajando “con diálogo y consenso” para construir el nuevo palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife, y en cuanto a la efectividad de la Fiscalía, ha compartido con Garrido en que hay que hacer una “reflexión” porque la acción legislativa está obstruyendo su trabajo.

Además, ha pedido “redoblar los esfuerzos” en la lucha contra la violencia machista y que los agresores sepan que van a sufrir “todo el peso de la ley” y en cuanto a los menores, ha alertado del “mal uso” de las redes sociales y los medios digitales.