La llamada ruta canaria de inmigración irregular se ha reactivado considerablemente en lo que va de año, ya que al menos son 1.223 las personas que han llegado al Archipiélago en pateras y cayucos, una cifra que cuadruplica sobradamentre la registrada en 2017, que fue de un total de 291, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a fecha del pasado 15 de noviembre.
Aún lejos de los dramáticos números registrados en 2006, lo cierto es que el pronóstico realizado por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante una visita a Mauritania, se ve confirmado por los datos que, cada quincena, ofrece su departamento.
“La situación de los flujos migratorios actuales y otras circunstancias, como el cierre de algunas partes del Mediterráneo, hace que las mafias echen la vista hacia otras rutas y esas rutas pueden ser las atlánticas”, dijo Grande-Marlaska en una declaración conjunta con su homólogo mauritano, Ahmedu uld Abdala, emitida el pasado mes de julio. Lo cierto es que el repunte en la ruta canaria de la inmigración irregular ya tiene consecuencias en las Islas.
No en balde, tanto el Cabildo de Fuerteventura como el de Lanzarote ya han declarado la emergencia humanitaria ante su incapacidad para atender a los menores de edad que llegan por tan peligrosa vía, lo que a su vez ha motivado la reactivación de un acuerdo de la Federación Canaria de Islas (Fecai) para que la atención a estos jóvenes se reparta por todo el Archipiélago, así como la solicitud, por parte del Gobierno de Canarias, para que se incluya a las Islas en los mecanismos de solidaridad previstos a tal fin entre las distintas comunidades autónomas.
Pero, claro, también está la atención a los mayores de edad, por cuanto este repunte se produce justo en un momento en que solo hay un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) abierto en toda Canarias, el de Hoya Fría (Tenerife), que tiene capacidad para 238 internos. A pesar de que no siempre están todas las plazas ocupadas, las peleas y reyertas han aumentado desde el verano. En el centro residen a su pesar personas subsaharianas, magrebíes y marroquíes que tienen que convivir durante 60 días, y entre los cuales ha aumentado la conflictividad.
Así, el 16 de julio se produjo la última pelea del verano, y desde entonces se han producido en espacios de tiempo cada vez más cortos. En octubre se produjeron dos, una el día 2 y otra el 21, y, más recientemente, el 3 y el 4 de noviembre.
Ello ha provocado un refuerzo de la seguridad en Hoya Fría, donde hasta hace poco en el edificio había entre tres y cuatro agentes por cada turno. Ahora se ha decidido destinar una Unidad de Intervención Policial (UIP), especializada en seguridad ciudadana. Este equipo está formado por seis agentes, que no están presentes ni fines de semana ni festivos.
“Una solución urgente (apunta un portavoz de la Confederación Española de Policía) podría ser convocar plazas provisionales en Tenerife, al igual que ya se ha hecho para Ceuta, Melilla y algunas plantillas de Andalucía”.
Resta añadir que, según Interior, son 47.711 los irregulares llegados a España este año, por 16.829 los del anterior.
“Las calles se quedan sin policías que las patrullen”
“Si relacionamos los motines de Tenerife con los que se han producido en los CIE de Madrid y Murcia, nos damos cuenta de que no se toman en serio la política de internamiento de extranjeros.
Estos sitios no pueden ser centros que supongan un riesgo para la seguridad e integridad física de los policías”, apuntan desde el sindicato Confederación Española de Policía.
“Además, debido a los refuerzos al CIE, las calles de Santa Cruz de Tenerife se quedan sin policías que las patrullen, y los efectivos de la Brigada de Extranjería dejan de realizar investigaciones para dedicarse solo a trámites burocráticos”.
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