El pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo reanudará hoy su reunión sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, interrumpida tras ocho horas de deliberación. Con una pausa para el almuerzo, los 28 magistrados reunidos (de los 31 que forman el pleno uno se ha ausentado por encontrarse de viaje, otro por presidir la Junta Electoral Central y un tercero, tras alegar motivos personales) retomarán a partir de las 10.00 horas el análisis de la reciente sentencia que hacía recaer en las entidades financieras el pago del impuesto de actos jurídicos documentados (AJD) de las hipotecas, pero no especificaba su alcance. La Sala había decidido ayer entrar a examinar el criterio establecido el pasado 18 de octubre por su Sección Segunda para que sean los bancos, y no los clientes, los que asuman el pago de dicho impuesto. Los magistrados de la Sala debatieron inicialmente si el Pleno ha sido correctamente convocado por su presidente sin que ello haya sido objeto de una seria controversia, por lo que Luis Díez-Picazo no fue desautorizado.
La reunión tiene su origen en la decisión de la Sección Segunda, conocida el pasado 18 de octubre, de modificar la jurisprudencia mantenida por la Sala Tercera en los últimos 20 años para establecer que sean las entidades bancarias, y no los clientes, las que asuman el impuesto sobre actos jurídicos documentados en las escrituras notariales de préstamos hipotecarios. El fallo, reiterado en otras dos sentencias dictadas el 23 de octubre, arrastró importantes caídas de las entidades financieras en la Bolsa. En esa sola jornada, los grandes bancos (Bankia, BBVA, Sabadell, Santander y Bankinter) se dejaron 5.000 millones de euros en capitalización bursátil.
El caos se desató definitivamente al día siguiente, 19 de octubre, cuando el presidente de la Sala, Luis María Díez-Picazo, difundió un comunicado para anunciar que será el Pleno de la Sala el que decidirá si “el giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”. Una de las claves de la deliberación que continuará hoy será la fijación de la retroactividad de la nueva doctrina en el caso de que esta se confirme. Se baraja que pueda fijarse en cuatro años (que es el plazo que permitiría la reclamación por los ciudadanos a Hacienda del dinero pagado por este impuesto) o establecerse ilimitada, lo que permitiría reclamar en los tribunales a un número mayor de ciudadanos. El asunto de la retroactividad, sin embargo, no se tocó en el debate de ayer. La deliberación de los magistrados coincidirá con la reanudación en el Congreso de los trabajos de la ponencia de la Comisión de Economía y Empresa en torno al proyecto de ley de crédito inmobiliario, que busca incorporar en la regulación hipotecaria el reparto de gastos que asumen banco y consumidor a la hora de firmar el contrato.
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