La Palma cierra el año 2018 sin lograr la equiparación del precio del combustible con respecto a las islas capitalinas, por el que los palmeros pagan entre 12 y 17 céntimos de euro más por litro. Jordi Pérez Camacho, consejero de Desarrollo Económico y Energía, reconoce que aunque “el sobrecoste del precio del combustible se produce por los incrementos generados por la acumulación y el transporte vía marítima para su venta en la Isla, esta diferencia ataca directamente a la competitividad y al principio de autonomía”. Los empresarios palmeros han trasladado su impotencia frente a este asunto, que en reiteradas ocasiones han buscado la empatía y las soluciones que necesariamente pasan por medidas fiscales que no dependen del Cabildo. Pese a todo, Jordi Pérez Camacho ha puesto sobre la mesa de la institución este asunto dispuesto a conseguir tal objetivo, eso sí, reconociendo los escollos en el camino, que se han ido evidenciando a lo largo de una interlocución con gobierno y distribuidores.
Este año se cierra con la celebración de cuatro reuniones, dos de ellas con estos distribuidores y otras dos con el Ejecutivo autonómico, pese a lo cual no se ha podido llegar a una solución definitiva, que sí se produjo en el caso de las islas de La Gomera y El Hierro, donde solo existe un operador, DISA, y donde se logró la bajada de precio sobre los combustibles acordada tras un acuerdo entre ese operador, el Gobierno de Canarias y los cabildos de ambas islas y que entró en vigor a mediados de este año, con una rebaja en los costes por metro cúbico de combustible de 31 euros. En el caso de La Palma la situación es más compleja, dado que no solo hay cuatro operadoras, sino que además tienen presencia los distribuidores minoristas. Así, una intervención directa supondría una vulneración del principio de libre comercio.
El nuevo Estatuto de Autonomía podría abrir un marco de actuación, con herramientas competenciales que permiten la introducción de acciones directas en el control y estabilidad de precios en carburos y combustibles. En esa línea, Jordi Pérez Camacho estima que “las dos vías de intervención en el precio del sobre coste del combustible vienen limitadas por la vía del transporte y por los tributos”, con lo que “los planteamientos de compensación por parte del Gobierno de Canarias, podrían ser analizados vía reducción impositiva o por la vía de la subvención al transporte de combustibles”, algo que “queremos dejar definido cuanto antes para evitar que los palmeros paguen sobrecostes por el combustible”.
El consejero de Desarrollo Económico e Industria, ha logrado de momento la unidad de criterios de las dos federaciones de empresarios de La Palma, a la hora de trasladar al Ejecutivo autonómico una solicitud formal y justa “para compensar el sobrecoste generado por el transporte y el almacenamiento del combustible en una isla no capital de provincia como es la de La Palma”. El consejero ha incorporado en la agenda insular este asunto como una prioridad, con el protagonismo de los grupos de transporte que mayor repercusión tienen en el consumo de carburantes y entre los que figuran industrias agroalimentarias, la empresa de transporte público de guaguas, taxistas y distribuidores minoristas, entre otros.
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