Alrededor de 300.000 euros es el precio en el que está tasado el Castillo de Santa Catalina. Así lo dio a conocer el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, durante el último pleno municipal, donde el Partido Popular volvió a la carga para que la Administración se hiciera con la titularidad de este bien patrimonial de la ciudad, que es de propiedad privada y cuya explotación en la actualidad está desarrollándose a través de un acuerdo entre el Ayuntamiento y sus propietarios. Curiosamente, este Castillo fue adquirido por un grupo de familias de la capital palmera en una subasta en 1949 por el precio de 300.010,99, pero no de euros, sino de pesetas.
Matos, en diversas ocasiones ha rechazado la idea de comprar este inmueble que está catalogado como Monumento Histórico – Artístico desde 1951 y apuesta por mantener esta fórmula de colaboración entre la Administración pública y la parte privada para su proyección como uno de los principales recursos turísticos con los que cuenta la ciudad.
El PP, en cambio, es partidario de que la Administración lo adquiera, porque, entre otras cosas, permitiría acogerse a subvenciones de las instituciones públicas para intervenir en el Castillo, a las que ahora no puede acceder por su titularidad privada. El portavoz del grupo popular, Juanjo Cabrera, señala que el “precio al que está tasado no parece excesivo” y está convencido de que bajo la titularidad pública se permitiría aspirar a “un proyecto más ambicioso” para promover su uso turístico.
Juanjo Cabrera ha informado en ocasiones anteriores que la cesión actual del Castillo de Santa Catalina fue realizada por los propietarios mientras se llegaba a un acuerdo de alquiler con opción a compra, donde cualquier otra institución que no fuera el Ayuntamiento, como el Cabildo o Gobierno de Canarias, podrían participar en la operación. Un factor clave, teniendo en cuenta sobre todo la delicada situación de las arcas económicas municipales, a pesar de la mejora experimentada en los últimos años.
Pero esta vía de la compra por acuerdo entre el Ayuntamiento y los titulares no ha sido la única propuesta planteada para que pase a manos de la Administración pública este emblemático edificio, donde se ha desarrollado en estas fechas una excavación arqueológica.
La Sociedad Económica de Amigos del País recordó recientemente la existencia de un Real Decreto de 1982, por el que el Ministerio de Cultura declaró este inmueble de utilidad pública, “a efectos de expropiación forzosa”. Y existe una resolución, al año siguiente, del Gobierno Civil donde se declara “la necesidad de ocupación del Castillo a efectos de su expropiación forzosa”.
Sin embargo esta resolución nunca se llevó a efecto . Y parece que tampoco se va a revisar este expediente, tal y como solicitaba la Económica, dado que la propuesta no fue acogida con entusiasmo por la Corporación para expropiar el Castillo de Santa Catalina, que fue construido entre 1683 y 1692, como la pieza clave del antiguo sistema defensivo de la ciudad de Santa Cruz de La Palma.
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