El refranero español es prolijo en bromas o burlas sobre los achaques de la edad (“fácil viene la enfermedad”). Al cabo de cuatro décadas, la Constitución celebra un cumpleaños redondo con cuarenta de fiebre. Novatos, negacionistas, arribistas, adanistas y niñatos de la política soplan las velas con mascarilla para evitar contagios. Hay quien ni siquiera asiste a la fiesta al no sentir la conmemoración de su agrado. “Si a los cuarenta no atina y a los cincuenta no adivina, a los sesenta desatina. Si a los treinta no tuvo amor ni a los cuarenta dinero ni a los cincuenta poder, más le valiera no nacer”.
El 6 de diciembre de 1978, la ciudadanía bautizó la Carta Magna en la plaza del pueblo con gran algarabía. La criatura tuvo siete padres y una madre: la democracia. Manuel Fraga Iribarne (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Jordi Solé Tura (PCE), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gabriel Cisneros (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miquel Roca i Junyent (CDC) fueron designados ponentes en la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso, un mes después de las primeras elecciones tras el franquismo (el 15 de junio de 1977). Comenzaron a trabajar en sesiones secretas el 22 de agosto y entregaron su trabajo el 23 de diciembre. En 1978 se transformó en un anteproyecto de ley. La Cámara baja aprobó el texto el 31 de octubre con 325 sufragios favorables sobre los 345 diputados presentes. Ese mismo día, el Senado lo avaló por 222 de 239. Esta es la más longeva de la historia de España después de la de 1876 (Restauración), que llegó a los 46 (hasta el inicio de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, en 1923). Cuando apenas había aprendido a andar, un desaprensivo asaltó la cuna y la secuestró. Era el 23 de febrero de 1981, cuando se votaba la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo en el relevo del dimisionario Adolfo Suárez. De madrugada, con su uniforme de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el rey le paró los pies al viejo verde Antonio Tejero (teniente coronel de la Guardia Civil) en un solemne y firme discurso a la nación. El heredero (hoy, Felipe VI) acababa de cumplir los 13. Juan Carlos I abdicaría el 2 de junio de 2014. El 1 de octubre de 2017, otros golpistas (los secesionistas catalanes) desafiaron al Estado de derecho con un referéndum de cartón y piedras hacia una república de cuento de hadas. El día 3, el monarca transmitió un contundente mensaje de “tranquilidad, de confianza y de esperanza” en unos momentos complejos: “Han vulnerado de manera sistemática las normas legales y legítimas, con una deslealtad inadmisible”. El sábado 21 de octubre, el Gobierno de Mariano Rajoy aplicó, con el respaldo del PSOE y Ciudadanos (aunque el PP disponía de mayoría absoluta en el Senado), el artículo 155 (mecanismo de control subsidiario de las comunidades autónomas, de carácter excepcional o extremo): destituyó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus consejeros, disolvió el Parlamento y convocó elecciones (el 21 de diciembre). Sin embargo, el triunfo de Cs en papeletas y escaños (bajo el liderazgo de Inés Arrimadas) no fue suficiente para desalojar a los okupas, que se atrincheraron en las instituciones. Huido el cabecilla y en prisión preventiva -por un evidente riesgo de fuga- algunos de sus acólitos, Quim Torra no escarmentó. Permanece apostado en la azotea llamando la atención.
A priori, no existen razones fundadas para rasgarse las vestiduras ante una modificación de la Constitución, diferente a una tabla bíblica. Distinto sería arreglar un roto con un descosido. De hecho, ha habido dos retoques. El de 1992 consistió en añadir “y pasivo” en el artículo 13.2, relativo a la atribución del derecho de sufragio en elecciones municipales a los ciudadanos de la Unión Europea que no sean nacionales españoles, a consecuencia del Tratado rubricado en Maastricht. En 2011 se sustituyó íntegramente el 135 por el procedimiento de urgencia: la estabilidad presupuestaria adquirió un valor estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado. En ningún caso la décima parte de los miembros del Congreso o la misma del Senado solicitó una consulta popular, obligatoria en los supuestos de revisión total o una parcial que afecte al Título Preliminar (soberanía, unidad nacional, lengua, bandera, Corona, capitalidad…), al Capítulo Segundo (derechos y libertades), Sección Primera del Título I (Parlamento) o al Título II (de las competencias de las comunidades autónomas). El Consejo de Ministros del 30 de noviembre de 2018 impulsó la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 al objeto de restringir los aforamientos al ejercicio de las funciones del cargo. No los que atañen a los jueces y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino al Legislativo y al Ejecutivo. Canarias se adelantó el 6 de noviembre, al publicar el Boletín Oficial del Estado (BOE) la tercera versión de su Estatuto de Autonomía (1982, 1996 y 2018). Nunca antes de septiembre de 2016 una comunidad autónoma había organizado una conferencia de expertos sobre la redefinición de la Constitución. En las conclusiones, se plantea una redistribución de competencias y el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica (recogida en el Estatuto de nuevo cuño): “Es unánime la identificación de la necesidad de un marco de reforma constitucional apoyado sobre la base de un amplio consenso político, llegando a apuntarse la noción de federalismo asimétrico, que acoja la condición ultraperiférica de las islas Canarias, lo que debe suponer el reconocimiento de la existencia de hechos diferenciales que singularizan el autogobierno y determinadas instituciones de esta comunidad autónoma”.
La disposición adicional tercera de la vigente Constitución menciona expresamente a Canarias: “La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico”. De soslayo, el artículo 69.3 (del Senado), por un lado: “En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, [La] Gomera, [El] Hierro, Lanzarote y La Palma”. Por otro, el 138.1: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.
El 12 de noviembre, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ejemplificó en Canarias el autonomismo integrador concebido en la Constitución: “En efecto, ha sabido desarrollar en el seno de la España democrática los instrumentos institucionales adecuados a la expresión de su personalidad colectiva; a la vez que contribuye, junto a las demás autonomías, a la empresa común de construir una mejor España para el progreso y la mejora de todos sus ciudadanos”. Desde la tribuna de oradores de la Asamblea regional, en el homenaje conjunto de las Cortes y la Cámara canaria, expuso que el sistema autonómico “ha permitido abordar las necesidades de los canarios desde la proximidad, superando al fin los históricos problemas derivados de una insularidad que, gracias a la Constitución, ha perdido finalmente su connotación de distancia y de aislamiento”. Pastor ensalzó las aportaciones de los constituyentes canarios, a quienes nombró, elogió y ofrendó gratitud.
Por el Senado, Pío García Escudero proclamó que “la indisoluble unidad de España se fortalece en la autonomía política, el reconocimiento de las identidades territoriales y el autogobierno”. Con diálogo y consenso.
La anfitriona, Carolina Darias, a la sazón coordinadora de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonómicos (Coprepa), leyó la declaración institucional suscrita en los minutos previos: “La España constitucional es un marco en el que cabemos todos y en el que todas tenemos algo que decir. La del 78 se convirtió en la garante de nuestros derechos y de nuestros valores, los clásicos del constitucionalismo, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y los del Estado social”. El entendimiento sustenta la arquitectura de la convivencia.
El poder del arte, una exposición en clave de humor
Las obras de más de cuarenta artistas que se exponen en las Cortes Generales brindan una visión rigurosamente distendida de la España de la Constitución del 78. En estas piezas de la colección del museo Reina Sofía, sus autores reflexionan a través del humor.
https://www.constitucion40.com
http://www.tusconstituciones.es/timeline.jsp
http://canariasenlaconstitucion.es/conclusiones
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