El número de desahucios practicados en las islas Canarias durante el tercer trimestre de 2018 se situó en 785, lo que supone un aumento del 11% respecto al mismo periodo de 2017, según el estudio denominado Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales que ayer publicó, como lo lleva haciendo periódicamente desde hace años, la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Entre julio y septiembre, los lanzamientos derivados del impago del alquiler crecieron un 13,1% en el Archipiélago (un total de 485), mientras que los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias aumentaron en este trimestre un 12,5% (hasta 270).
En el conjunto de España, el número de desahucios practicados en el tercer trimestre de 2018 se situó en 11.547, con un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo de 2017.
Así, los lanzamientos derivados del impago del alquiler, que crecieron por quinto trimestre consecutivo, aumentaron un 7,9%. Por el contrario, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarios bajaron por decimotercer trimestre consecutivo y, en este trimestre, lo hicieron en un 16,2%.
Del total de lanzamientos, 7.518 fueron consecuencia de los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (cantidad que representa el 65,1% del total), mientras que otros 3.404 (29,5%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 625 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas.
Por regiones, Cataluña, con 2.531 desahucios, el 21,9% del total nacional, fue, con diferencia, la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el tercer trimestre de 2018, seguida por Andalucía (1.894), Comunidad Valenciana (1.575) y Madrid (1.238).
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en primer lugar aparece también Cataluña, con 1.738 procesos (23,1% del total nacional); seguida por Andalucía (1.034), Comunidad Valenciana (1.575) y Madrid (1.238). En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Cataluña, con 1.639; seguida por Andalucía, con 1.114; Comunidad Valenciana, con 1.108; y Murcia, con 370.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que “este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos”.
Además, se recuerda que el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común “no supone que éste lo haya ejecutado”. Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2018 fue de 13.446, un 4,7% más interanual. De ellos, 7.894 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 1,6%.
Por último, los datos relativos a las ejecuciones hipotecarias presentadas muestran que estos sumaron un total de 6.315, lo que supone un incremento del 14,4% con respecto al mismo trimestre de 2017. Por otro lado, el número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2018, contabilizando los presentados en los juzgados de lo mercantil y los de personas físicas registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción fue de 1.953, de los que 730 correspondieron a personas físicas no empresarios. Esto ha supuesto un incremento del 18,7% respecto al mismo trimestre de 2017.
Desde un primer momento, los desahucios se convirtieron en uno de los efectos más perniciosos de la actual crisis político-financiera que sufren la mayoría de los españoles, a tal punto que el activismo social en protesta de los mismos se granjeó la simpatía de la opinión pública y ha supuesto un impulso en la carrera política de, por ejemplo, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
El Santander achaca a un error las presiones a los vecinos de Añaza
POR: TINERFE FUMERO
El Santander ha achacado las presuntas presiones a algunos de los vecinos afectados por un posible desahucio colectivo en 358 viviendas del barrio santacrucero de Añaza a un error de uno de los gestores de una de las empresas de su propio grupo, Altamira. hasta ahora encargada de la administración de dichos pisos protegidos.
Así lo comunicó esta entidad financiera al Gobierno de Canarias, a la par que informó de la decisión del banco de retirar a dicha empresa sus funciones en relación con estas viviendas, por lo que a partir de ahora serán administradas directamente por la dirección central del Santander.
Tras presentar una denuncia firmada por la activista de la Plataforma Anti Desahucios Inma Évora y varios vecinos por lo que estaba sucediendo en Añaza, la Fiscalía prestó especial interés por esas presuntas coacciones ejercidas, supuestamente, desde la empresa Altamira. Mientras tanto, la Consejería regional de Vivienda sigue ultimando los preparativos para afrontar la negociación para la anunciada compra de estos bloques de viviendas al Santander y así evitar que sean adquiridos por un fondo buitre llamado Cerberus en el marco de una operación que engloba a unos 37.000 inmuebles repartidos por toda España.
Para ello. un tasador oficial ya ha realizado su trabajo y se confía en que “lo antes posible” se produzca esa reunión entre los representantes del Ejecutivo canario y el Santander.
A este respecto, cabe recordar que el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el consejero delegado del Santander para España, Rami Aboukhair, ya anunciaron en su día un preacuerdo para la adquisición de estos pisos.
Mientras tanto, los vecinos confían en que pronto sean recibidos de nuevo por representantes de las administraciones implicadas, que son el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
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