Tres años de la sentencia del caso Áridos y nadie mueve una piedra

A la espera de las alegaciones que puedan presentar tres de los cuatro condenados por el llamado caso Áridos, tras el último plazo dado por el magistrado Joaquín Astor Landete, ayer se cumplieron tres años sin que la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial se haya cumplido, tras la condena de un año y tres meses de prisión para José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia, después de reconocerse autores de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar.

El presidente del tribunal, Joaquín Astor Landete, confirmó el 28 de enero de 2016 la sentencia que habían negociado las partes y que evitará que los tres condenados entren en prisión, al ser la pena inferior a dos años, siempre y cuando antes de dos años restaurasen el terreno dañado o, en su caso, afianzaran, entre los tres, 168 millones de euros. Algo que no hicieron ni en esos dos años ni en el año más de prórroga que se les concedió y que expiró ayer, pendiente de que en las alegaciones presentaran unos planes de restauración que hasta ahora han sido descartados por las administraciones públicas competentes (Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Güímar). Así, llevan tres años mareando la perdiz y mirando para otro lado, como lo hicieron cuando se cometía el delito -excederse en la extracción de áridos sin restaurar. Sin embargo, ahora son esas mismas administraciones públicas las responsables de velar por el cumplimiento de una sentencia que, cuando se habla de restauración, es casi imposible de cumplir. Al menos, cuando se habla de rellenar los ocho grandes hoyos que dejó la actividad durante más de tres décadas en los barrancos de Güímar, desde los años setenta hasta 2005, cuando se clausuró la última arenera y comenzó un largo proceso judicial, todavía sin resolver.

Esa sentencia de “conformidad” condena además a Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia a una multa de 30 euros diarios durante nueve meses, un año y seis meses de inhabilitación para actividad minera y costas del juicio. Los tres condenados firmaron hace tres años el acuerdo en la sección, mientras en la sala 12 continuaba el juicio contra Francisco Javier del Rosario, que no se adhirió al acuerdo y que finalmente fue condenado en abril de 2016 a tres años de cárcel, que está muy cerca de cumplir, y 69 millones de euros para restaurar el daño causado por su empresa Áridos del Atlántico.