Granadilla achaca la renuncia de Aurquia a “criterios de solvencia”

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona aseguró ayer que la decisión de la promotora inmobiliaria Aurquia de paralizar su proyecto de viviendas asequibles en el edificio Taburiente II responde “única y exclusivamente a criterios de rentabilidad y solvencia económica entre la opción de arrendamiento o venta” de los pisos.

Tres días después de que la empresa anunciara su renuncia al proyecto de 64 viviendas, de 1 a 3 dormitorios, “como consecuencia de la aprobación, en el pleno del 27 de abril, de la petición al Gobierno de Canarias de que se declare el municipio como zona de mercado residencial tensionado” (lo que ha ocasionado, según la promotora, la retirada de la financiación bancaria), el grupo de gobierno liderado por la alcaldesa Jennifer Miranda respondió con un contundente comunicado en el que expone sus argumentos en seis puntos.

En el primero de ellos, el Gobierno granadillero aclara que el acuerdo adoptado por unanimidad en el pleno del 27 de abril no declara de facto a Granadilla de Abona como zona de mercado residencial tensionado, sino que solicita al Gobierno isleño que elabore los estudios necesarios para saber qué zonas del municipio cumplen con los requisitos establecidos por la ley para ello y, en caso de cumplirlos, proceder a su declaración, por lo que “los contratos o precontratos de alquiler formalizados por Aurquia no pueden estar, de ninguna manera, afectados por una declaración inexistente hoy”.

Añade el grupo de gobierno que la promotora ya es propietaria de la totalidad de las viviendas del edificio Taburiente II, “sobre el que pesa una carga hipotecaria, por lo que Aurquia ya contó con financiación para su adquisición”. Además, indica que el ayuntamiento se ha puesto en contacto con la entidad bancaria (Cajasiete), que, “con las reservas y confidencialidad debidas, nos ha trasladado que toma sus decisiones solo bajo estrictos criterios financieros y de solvencia de los solicitantes”.

El consistorio anuncia, asimismo, que se pone a disposición de todas las personas afectadas por la decisión de Aurquia para “cualquier tipo de aclaración, asesoramiento o colaboración que requieran”.