¿A quién afecta una huelga, al trabajador, a la empresa, al ciudadano?

En los últimos meses hemos asistido a varias huelgas en Canarias que, si bien es un derecho individual de cada trabajador, han provocado graves inconvenientes a los ciudadanos. Es cierto que el fin último de una huelga es precisamente ese, pero ¿hasta qué punto debemos ser los ciudadanos las víctimas de las reivindicaciones de otros por muy razonables que parezcan? ¿Cuáles son los efectos de la huelga en los trabajadores? ¿Y en las empresas? ¿Se soluciona el conflicto en la mayoría de los casos o, por el contrario, se agrava?

Lo primero que hay que recordar es que el derecho a la huelga está recogido en la Constitución española como un derecho fundamental de todos los trabajadores, por lo que no está en discusión. Las horas de trabajo perdidas por huelga superaron los 15,8 millones en 2018, lo que supone un descenso del 35,6% respecto a 2017 y a años anteriores en los que, con la crisis en marcha, los conflictos laborales se dispararon. El año pasado, el número de huelgas ascendió a 601, el 22,3% menos, según el último informe de la CEOE sobre conflictividad laboral. En estas 601 huelgas participaron 980.388 trabajadores, el 49,7% menos que en 2017.

Estos últimos meses, en Canarias hemos asistido, o mejor, estamos asistiendo, a la huelga indefinida de los 134 trabajadores de la empresa Gestión Recaudatoria de Canarias S.A. (Grecasa), que se encarga de la gestión recaudatoria de la Agencia Tributaria Canaria, y a la de los trabajadores de Metrotenerife, organismo dependiente del Cabildo.

En el primer caso, la huelga se prolonga desde el pasado 15 de enero y está provocando colas de hasta 3 y 4 horas en la realización de cualquier trámite tributario, así como el atasco de más de 55.000 expedientes, según reconoció la propia consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila. ¿El motivo? La homologación de su salario al de sus compañeros de la Agencia Tributaria. A estos paros, que por ahora no tienen visos de solucionarse, se une la huelga del tranvía en Santa Cruz de Tenerife, que ya paró en días claves, como Navidad, Fin de Año y Reyes, y que ahora continúa. La protesta es por la falta de personal y las condiciones laborales. Muchos ciudadanos tuvieron que esperar varias horas por el tranvía, que cumplió estrictamente con los servicios mínimos. En ambos casos, las huelgas, más allá de provocar trastornos en los ciudadanos, han sido pacíficas, pero no ha sido así en Madrid y Barcelona. Los taxistas salieron a la calle por la presencia de Uber y Cabify, colapsando las dos principales ciudades de España.

Es cierto que, al ser autónomos, más que una huelga se trata de un cierre patronal, pero es el claro ejemplo de que unas reivindicaciones, que pueden ser justas, pueden no entenderse por parte de la ciudadanía (hecho que, por otra parte, puede aprovecharse por el empresario en beneficio propio). La marcha de Cabify de Barcelona, precisamente por la norma tan estricta sobre las licencias VTC, ha provocado el mayor despido en la historia de España: 3.500 empleados se han quedado en la calle. ¿Quién ha ganado?

En Santa Cruz de Tenerife hubo un amago cuando los taxistas invadieron Las Ramblas en hora punta, a la salida de los niños de los colegios, así como en diciembre pasado, cuando colapsaron las zonas comerciales de Santa Cruz en Navidades.

En Las Palmas de Gran Canaria los trabajadores del servicio municipal de limpieza del Ayuntamiento llevan también semanas en huelga por sus condiciones labores. ¿Consecuencias? Basura por todas las calles. Lo mismo ocurrió recientemente con los tripulantes de cabina de Ryanair, que, sin provocar grandes problemas en Canarias, porque estamos protegidos por los servicios mínimos, sí provocaron retrasos en muchos vuelos.

Y mejor no recordar la tremenda huelga en el famoso puente de diciembre de 2010 de los controladores aéreos. La primera huelga que tuvo consecuencias: multa a los controladores de hasta 31.500 euros.