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El proyecto de ley del buen gobierno acumula nueve prórrogas

La iniciativa que regula el estatuto de las personas que ocupan cargos públicos inició su recorrido en diciembre de 2015, con el PSOE en el Ejecutivo regional, y superó la enmienda a la totalidad en mayo de 2018
Sesión plenaria del Parlamento de Canarias. / SERGIO MÉNDEZ
Sesión plenaria del Parlamento de Canarias. / SERGIO MÉNDEZ

El proyecto de la ley reguladora del estatuto de las personas que ocupan cargos públicos y buen gobierno no corre, vuela (por encima del Parlamento de Canarias). A unos pasos de las urnas, el plazo para la presentación de enmiendas al articulado acumula nueve prórrogas. Y probablemente no serán las únicas. La última se acordó el 28 de enero, a petición de Agrupación Socialista Gomera (del Mixto). El 12 de junio se amplió por primera vez, a instancia del PSOE: hasta el 13 de julio de 2018.  

El relato cronológico del proceso legislativo comienza el 18 de diciembre de 2015, cuando el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso (PSOE) recibe el aval para actualizar la normativa de 1997 con el propósito de buscar el equilibrio entre la voluntad de impedir las puertas giratorias y que profesionales de prestigio participen en la gestión autonómica. El Gobierno decidió el 5 de marzo del año pasado remitir el proyecto a la Cámara regional, un documento compuesto de la exposición de motivos, un índice, 87 artículos agrupados en cuatro títulos; siete disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y nueve finales. Tras la ruptura del pacto, en diciembre de 2016, en esa ocasión le tocó a José Miguel Barragán (CC) explicar los objetivos y los principios rectores: “Responde a las demandas sociales en favor de clarificar el régimen jurídico de los servidores públicos y, especialmente, de quienes están al frente de la Administración y dirección de los asuntos públicos. Establecerá la capacitación necesaria que deben reunir las personas que aspiren a desempeñar cargos públicos, además de fijar los derechos, deberes y obligaciones que les incumben, de forma que la gestión esté presidida por la eficacia, la eficiencia y prevalencia de los intereses generales. Las exigencias no se restringirán a la observancia y cumplimiento de las normas, sino que su actuación estará inspirada y guiada por principios éticos y de conducta que impidan la puesta en riesgo de su objetividad e imparcialidad”. El 9 de mayo superó la enmienda a la totalidad, de devolución, de Podemos. Noemí Santana esgrimió que el régimen de incompatibilidades había sido “descafeinado” para favorecer el regreso de los consejeros José Manuel Baltar (Sanidad) y Pedro Ortega (Economía) a sus empresas privadas sin esperar dos años. Tal observación la compartió Gustavo Matos, del PSOE: “Se ha introducido un artículo hecho a medida que en la práctica deja la puerta abierta a que los grupos de presión coloquen a sus representantes en el banco azul”. Barragán lo justificó en que se persigue “atraer a los profesionales más exitosos en su campo, que de otra manera no se comprometerían con el ejercicio de la actividad pública”. En opinión de Esther González (Nueva Canarias), los “restrictivos” criterios llevan a que solo funcionarios o parados quieran dedicarse a esa generosa tarea. 

Por el camino, el 6 de noviembre entró en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía, que recoge explícitamente la “transparencia de la actividad de los poderes públicos y el buen gobierno en la gestión”. El ejercicio digno de la política “exige personas que atesoren los valores fundamentales de la vida democrática”, proclama la iniciativa en tramitación. Entre estos, destaca “la honradez, la equidad, la tolerancia, el espíritu de diálogo y el fomento de la participación ciudadana”. El desempeño del cargo requiere “la correspondiente toma de posesión o aceptación del nombramiento”, así como el acatamiento de la “lealtad institucional”.  Se instaura un régimen de dedicación plena y exclusiva: “No podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena”. De esta doctrina se deriva la obligación de entregar “una declaración responsable de no estar incurso en causa de incompatibilidad” para su inscripción en el Registro de Actividades e Intereses. 

La “ausencia de honorabilidad” será considerada un incumplimiento grave, que se castiga con el cese. Como en los sorteos de la ONCE, está por ver. 

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