caso grÚas

El TSJC devuelve el caso Grúas al juzgado lagunero de origen

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal regional rechaza los recursos presentados por Díaz, Pérez Godiño y Clavijo en un auto con el que vuelve a disentir su presidente, Antonio Doreste
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la salida de los Juzgados de La Laguna
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la salida de los Juzgados de La Laguna
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, a la salida de los Juzgados de La Laguna

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó ayer los recursos de súplica presentados por los investigados en el llamado caso Grúas Antonio Pérez Godiño y José Alberto Díaz y el “interviniente” en las mismas diligencias previas Fernando Clavijo, presidente de Canarias, contra el auto de la propia Sala que el pasado 14 de noviembre declaró la falta de competencia del alto tribunal autonómico para continuar la investigación del caso, en el que figura como denunciado por presunta prevaricación y malversación, entre otros, Fernando Clavijo.

La acusación, presentada por el grupo municipal en el Ayuntamiento de La Laguna Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y el de Unid@s se puede, alude a presuntas irregularidades en la gestión de Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna donde fue concejal de Seguridad Ciudadana (2003-2007) y alcalde (2008-2014).

El Tribunal reitera que, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Superior de Canarias, ante la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias -que entró en vigor el pasado 6 de noviembre, y que suprime los aforamientos especiales de los miembros del parlamento de Canarias y del Gobierno autónomo-, debe ser un juzgado ordinario el que decida si se investiga o no a Clavijo Batlle, concretamente el de Instrucción Número dos de San Cristóbal de La Laguna, donde se registró inicialmente la denuncia.

Voto particular

La resolución de la Sala adjunta un voto particular; el de su presidente, Antonio Doreste, que, respetando el criterio mayoritario del Tribunal, apunta que, a su juicio, la Sala debería estimar los recursos de súplica y retener la competencia mediante la ultractividad del antiguo Estatuto de Autonomía de Canarias.

En el actual momento procesal, el presidente de Canarias no tiene la condición de investigado en las diligencias de referencia. Está personado en las mismas voluntariamente en calidad de “interviniente” para que se preserven sus derechos ante una hipotética imputación. Ahora, al haberse desestimado los recursos de súplica, adquiere firmeza el auto de 14 de noviembre que declaró la incompetencia de la antigua Sala de aforados, por lo que debe ser el Juzgado instructor de La Laguna el que determine si aquella imputación procede o no.

Este auto del TSJC no es susceptible de recurso alguno. Tras conocer la decisión del Alto Tribunal autonómico, el portavoz de XTF-NC en La Laguna, Santiago Pérez, consideró que “después de tantas explicaciones infantiloides, como, por ejemplo, eso de que el caso Grúas es una persecución política, y de tantas estrategias para demorar el asunto, lo cierto es que el Estado de Derecho sigue su curso”. Para Santiago Pérez no hay dudas de que “ahora el juzgado tiene, por propia iniciativa, que citar como investigado a Fernando Clavijo, dado que está obligado por sus propios actos. Es el juzgado el que elevó una memoria al TSJC haciendo constar que existen indicios de la presunta comisión de delitos por parte de Clavijo, que entonces estaba aforado. Ahora el juzgado está vinculado por sus propios actos y debe citarle por tres delitos: malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias”, insistió el portavoz de XTF-NC.

En cuanto a la otra acusación popular, la de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna, su portavoz, Rubens Ascanio, indicó ayer que el regreso del llamado caso Grúas a los juzgados del municipio permite recuperar la investigación, “que lleva paralizada” desde su ingreso en el TSJC. Ascanio señaló a este respecto que con esta decisión se da un “paso real para acabar con los privilegios del aforamiento en la realidad, que es por lo que ha estado peleando Clavijo en sus recursos”. El concejal entiende que “ahora la pregunta no es si Fernando Clavijo será imputado, más bien es cuándo lo será”.

Rubens Ascanio recuerda que la responsable del Juzgado Número 2 de La Laguna “ya solicitó el traslado del caso al TSJC ante la evidencia de la necesidad de investigar al exalcalde lagunero, siendo lógico que en este momento se proceda a imputarlo por malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, delitos atribuidos por la Audiencia Provincial”. Entiende además que es necesario lograr “que las declaraciones solicitadas en abril por nuestro equipo jurídico se realicen, al considerar que es fundamental para el completo desarrollo de este importante caso”. Además, el portavoz del grupo opositor dijo que las declaraciones de los trabajadores denunciantes de situaciones como el robo de piezas, así como la del propietario de Autogrúas Poli SL, José Padilla, “harán evidente el uso de una empresa que gestiona una actividad pública para ponerla al servicio de una sigla política”.

Sombras

El edil de Unid@s se puede consideró que “el Ayuntamiento de La Laguna no puede mantenerse bajo la sombra de una gestión cuestionada de un servicio que supuso un incremento notable del coste que paga la ciudadanía con sus impuestos y un uso indecente de las contrataciones por interés político”. Además, agregó que en este caso “se pusieron en riesgo 120.000 euros del préstamo dado por el Consistorio a una empresa que en ese momento tenía más de 300.000 euros en deudas”.

 

Por su parte, Coalición Canaria animó ayer al presidente canario, Fernando Clavijo, a defenderse de la “farsa política” que se esconde tras el Caso Grúas y a recurrir el auto del TSJC que lo devuelve al Juzgado de La Laguna.
Coalición Canaria pidió a Fernando Clavijo que “emplee todos los mecanismos legales para su defensa” y resaltó las, a su juicio, contradicciones y dudas jurídicas, “nuevamente puestas en evidencia en el auto dado a conocer hoy”, y las demoras de un procedimiento judicial que tiene “más oscuros que claros y que evidencian y tienen su origen en una persecución política de quienes son incapaces de lograr en las urnas el respaldo de la ciudadanía”.

De la misma forma, la formación insistió en “el retraso injustificado para esclarecer un procedimiento judicial que tiene más visos de perjudicar a un candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias que interés en salvaguardar los derechos que como ciudadano tiene Fernando Clavijo”.

Dilaciones

Coalición Canaria ha insistido en “las dilaciones, incumplimientos flagrantes de plazos por parte de la Fiscalía, pronunciamientos fuera de plazos, informes reservados en poder de la Fiscalía General del Estado que descartan cualquier indicio de delito y en las vueltas de un caso prefabricado lleno de inconsistencias y contradicciones, en el que debe haber inmersos muchos intereses, excepto esclarecer la verdad”.

Resta recordar que el caso Grúas versa sobre la presunta comisión de varios delitos en la aprobación de tres decretos por parte del Ayuntamiento lagunero pese a los reparos interpuestos desde la Intervención y en los que se concedió un préstamo de 120.000 euros a una concesionaria de las grúas municipales que entonces estaba controlada por personas afines a Clavijo, así como la prórroga de dicha concesión, a pesar de que dicha empresa había incumplido gravemente las condiciones fijadas en el pliego que obligaba a las partes.

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