El Defensor del Pueblo acoge la petición de la madre del joven desaparecido en Los Llanos en 2017

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la petición de María del Mar Pérez, la madre palmera que ha solicitado la intervención de la UCO, la unidad especial de investigación criminal de la Guardia Civil, para que se implique en la búsqueda de su hijo Alejandro, un joven que desapareció en mayo de 2017 y que según todos los indicios de la investigación, no lo hizo de forma voluntaria.

La respuesta del Defensor del Pueblo ha sido posible toda vez que el Diputado del Común, Rafael Yanes y su departamento, dio curso a la petición que previamente había recibido en su oficina a finales del pasado mes de febrero, haciendo llegar al alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos constitucionales, la documentación en la que María del Mar expresa la discriminación que entiende, existe para la intervención de la UCO y de la rápidez en la búsqueda de desaparecidos en las islas menores y con respecto a las capitalinas.

María del Mar mantiene la esperanza de que el Ministerio del Interior pueda dar una respuesta al Defensor del Pueblo, que en el procedimiento abierto por este caso, ya se ha dirigido a la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información que pueda arrojar luz sobre los procedimientos que se llevan a cabo en casos como el de Alejandro, cuyo coche no fue precintado durante toda una noche según atestigua su madre, pese al aviso de un alertante y tras concretarse su relación directa con la desaparición de Alejandro, denunciada apenas unas horas antes en el Cuartel de la Guardia Civil de Los Llanos de Aridane.

El Defensor del Pueblo asiste a María del Mar en esta compleja situación, cuando están a punto de cumplirse dos años desde la desaparición de su hijo. Asegura el Defensor del Pueblo en un comunicación dirigida a esta madre palmera, que “estudiada su queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con lo que dispone la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, del Defensro del Pueblo”. María del Mar está convencida de que a las familias de personas desaparecidas en las islas menores, “sufren una discriminación que repercute directamente tanto en la investigación, como en los resultados que este podría arrojar, de haberse realizado la misma en tiempo y forma y con los medios de los que disponen las islas mayores”. En La Palma no existen unidades caninas especializadas para la búsqueda de cadáveres.