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Canarias concede los 6 millones de ayudas para agua de regadío a 28 solicitantes

Las ayudas permitirán, por tanto, subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de agua de riego desde pozos o producida en plantas potabilizadoras

 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado la concesión definitiva de subvenciones destinadas a la ejecución de actuaciones para garantizar la gestión eficiente del agua destinada al riego agrícola, que asciende a seis millones de euros, y están previstas en el Real Decreto 1033/2017 de 15 de diciembre.

En total serán 28 los solicitantes que recibirán estas ayudas, mayoritariamente Comunidades de Regantes y de Aguas, así como cooperativas y empresas agrícolas que suministran agua para riego agrícola procedente de pozos o potabilizadoras, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

El objetivo final es el de establecer un sistema de compensación a favor de los agricultores y ganaderos que garantice que se moderen los precios del agua desalinizada hasta alcanzar un nivel equivalente al del resto de España, así como del agua de consumo agrícola fruto de la extracción de pozos y galerías.

Al respecto, el consejero del área, Narvay Quintero, señaló que “el regadío supone casi un 70 por ciento de la superficie cultivada de las islas”, indicando que esta partida da respuesta a una demanda de los agricultores canarios.

En este sentido, explicó que desde el Gobierno de Canarias se han enfocado estas subvenciones, que “buscan un abaratamiento del agua y promover una mayor eficiencia energética, para que sean percibidas de forma directa” por los agricultores, así como para que sean fruto del diálogo y la aportación de todos los beneficiarios para establecer una “fórmula eficaz” de reparto que pueda usarse también en los próximos años.

Las ayudas permitirán, por tanto, subvencionar los costes eléctricos derivados de la elevación de agua de riego desde pozos o producida en plantas potabilizadoras situadas en Canarias entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. También se cubren los costes generales vinculados a la auditoría que se exige en las bases de la convocatoria hasta un máximo del 10% de la misma.

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