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Canarias tutela a 187 mayores sin apoyo familiar, 101 en residencias

El perfil de la persona mayor atendida en la red de residencias lo encarna una mujer gran dependiente y mayor de 65 años que sufre un deterioro cognitivo por una discapacidad psíquica o sensorial por lo que requiere de una atención especializada
Apoyo_ancianos
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Imagen de archivo. / DA

El Gobierno canario tutela a 187 mayores que carecen de apoyo familiar, la mayoría (101) reciben atención en centros residenciales, lo que supone el 54% de las mismas. La Comisión Tutelar del Mayor ampara al anciano incapacitado siempre que sea asignado a la Administración por sentencia judicial firme.

Este órgano está participado por las consejerías regionales de Políticas Sociales y Sanidad, la Fecai, la Fecam y la Fiscalía y es el que asume la tutela de la persona mayor incapacitada, siempre que, por sentencia judicial firme, le sea asignada a la administración autonómica.

La Comisión Tutelar del Mayor tiene entre sus funciones ejercer la tutela de la persona mayor y adoptar todas las medidas precisas para la guarda y protección de la persona tutelada y de sus bienes, procurando su cuidado y bienestar personal y social.

Así lo ha explicado en un comunicado el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Candil, con motivo de la presentación de los resultados del proyecto “Trabajando en red para conocer realidades”, realizado por la Fundación Tutelar Canaria Adepsi, y en el que se analiza la red de apoyo de las personas mayores residentes en 33 centros de Gran Canaria y Lanzarote.

Este informe advierte del paulatino incremento de personas mayores sin apoyo familiar que residen en centros residenciales.

De las 1.791 personas mayores analizadas en este estudio, 147 no contaba con apoyo familiar motivado, principalmente, por la falta de vínculo con el mayor dependiente.

Además, se ha detectado una alta probabilidad de falta de apoyos familiares en el futuro en 91 mayores, lo que hace “que en la actualidad 238 personas mayores estén en situación de vulnerabilidad por falta, presente o futura, de los apoyos prestados por el entorno familiar”.

Este proyecto también ha confirmado que el 21% de las personas mayores estudiadas ha requerido el nombramiento judicial de un tutor, siendo asumida en un 69 % de los casos por sus familias.

La trabajadora social encargada del estudio, Coralia Calderín, ha precisado que el perfil de la persona mayor atendida en la red de residencias lo encarna una mujer gran dependiente y mayor de 65 años que sufre un deterioro cognitivo por una discapacidad psíquica o sensorial por lo que requiere de una atención especializada.

Candil ha avanzado que la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias sustituirá a la actual Comisión Tutelar por el Consejo Canario Tutelar, una figura que estará participada por el Gobierno regional, la Fecam, la Fecai, entidades tutelares, la Fiscalía y la judicatura, lo que “supondrá una mayor garantía para las personas tuteladas”.

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