El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, está cada vez más cerca de declarar como imputado (ahora investigado) por el llamado caso Grúas en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, a pesar de los denodados pero estériles esfuerzos de sus abogados para mantener los privilegios del político lagunero como aforado, y que fueron suprimidos hace meses con la entrada en vigor del actual Estatuto de Autonomía.
Si ayer DIARIO DE AVISOS adelantó en exclusiva que será la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife la que decidirá sobre la suspensión de la comparecencia presidencial para que dé explicaciones sobre su participación en este asunto, cita que estaba prevista para el pasado día 15, pero que fue aplazada sine die, ahora ha sido la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la que ha rechazado de forma contundente el recurso de casación que Clavijo pretendía presentar ante el Tribunal Supremo.
Como ya ocurrió cuando el TSJC descartó hacerse cargo del caso Grúas, uno de los magistrados, Antonio Doreste (también presidente del alto tribunal canario), discrepó mediante un voto particular de la decisión adoptada por sus compañeras Carla Bellini (ponente en este caso) y Margarita Varona, quienes dictaron un auto que destaca por la contundencia con la que rebaten los argumentos expuestos para evitar que Clavijo, finalmente, declare en La Laguna.
Este nuevo varapalo procesal a la representación legal del presidente lo aboca a prestar declaración como investigado en La Laguna, dado que la decisión del TSJC despeja plenamente las dudas planteadas por la jueza de la Ciudad de los Adelantados cuando suspendió la cita con Clavijo del día 15 sin que nadie se lo solicitase, circunstancia que, como exponía un escrito de la acusación popular impulsada desde Unid@s se puede, podría dar lugar a dilaciones indebidas en un proceso en el que falta por practicarse un buen número de diligencias. Precisamente, dicho recurso provoca que sea la Audiencia Provincial tinerfeña la que decida sobre si la suspensión fue acertada legalmente o no. Sea como fuere, lo que a nadie se le escapa a estas alturas es que Clavijo prestará declaración como imputado en el juzgado lagunero, con la única duda de si lo hará antes o después de unas elecciones a las que se presenta a la reelección mientras es investigado judicialmente. Ello se debe a la firme decisión del presidente a no renunciar a su cargo, como sí hicieran sus homólogos de Madrid y Murcia, Cristina Cifuentes y Pedro Antonio Sánchez, respectivamente, cuando fueron citados como investigados.
Perdida la batalla por mantener sus suprimidos privilegios, todo apunta a que los abogados de Clavijo tienen instrucciones muy claras para demorar en todo lo posible la declaración en el juzgado lagunero, pero cada vez cuentan con menos posibilidades para seguir alargando el proceso. Respecto a la decisión de ayer del TSJC, el recurso de queja al que tienen derecho no tiene, en el ámbito penal, efectos suspensivos bajo ningún concepto.
Así que la opción que le queda es confiar en que la jueza no lo vuelva a citar como imputado por su propia iniciativa (como ya hizo cuando aplazó la comparecencia) o que la Audiencia provincial tinerfeña tarde dos meses en decidir sobre este aspecto.
Curiosamente, Clavijo sostiene públicamente (incluso en sede parlamentaria) que su deseo es prestar declaración cuanto antes. Exactamente lo contrario por lo que pelean sus abogados en los tribunales.
Un calvario judicial y político para el candidato de Coalición
Al aferrarse al cargo pese a su imputación, Fernando Clavijo arrastra a Coalición Canaria a presentarse a unas elecciones locales y autonómicas con su mascarón de proa bajo investigación judicial por un caso que versa sobre tres delitos relacionados con la corrupción: malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
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