Tribuna

Financiar pleitos

Por Fernando González Barreda El elevado coste de los procedimientos judiciales puede convertirse en un elemento disuasorio para muchos posibles demandantes, ya que a los inevitables honorarios de abogados y procuradores se suman en ocasiones los gastos de otros profesionales que intervienen en el proceso. Si al final el resultado es positivo, el esfuerzo económico ...read more →

Por Fernando González Barreda

El elevado coste de los procedimientos judiciales puede convertirse en un elemento disuasorio para muchos posibles demandantes, ya que a los inevitables honorarios de abogados y procuradores se suman en ocasiones los gastos de otros profesionales que intervienen en el proceso. Si al final el resultado es positivo, el esfuerzo económico sin duda compensará; pero si es adverso, es muy probable que los gastos se disparen y sean inasumibles.

En los últimos años se ha venido observando un aumento de fórmulas mixtas para retribuir al abogado y liberar a su cliente de una inversión excesiva hasta la resolución del juicio. Estas fórmulas incluyen modalidades que provienen del derecho anglosajón, en las que el abogado solo es remunerado, con un porcentaje fijo (cuota litis), si gana el pleito. El establecimiento de este sistema ha generado no pocas discusiones en los sectores de gobierno de la abogacía.

Para financiar procedimientos cuyas cantidades a desembolsar son tan desorbitadas para un particular que es absolutamente imposible contratar la defensa (piénsese en demandas millonarias contra una multinacional), se recurre a fondos o entidades que nada tienen que ver con el litigio, a cambio de compartir los beneficios del eventual resultado, eso sí, en casos que ofrezcan una alta probabilidad de éxito. Estos fondos de litigación se dirigen en su mayoría a financiar demandas en reclamación de cantidad, en las que el coste de la financiación es muy elevado pero el cliente no asume riesgo económico alguno. Una vez alcanzado el cobro de lo reclamado, se reparten el producto en base a acuerdos previos. La ventaja para el cliente es indudable, y es de esperar que será una actividad financiera con cierto futuro en nuestro ámbito jurídico (ya lo es en países como Estados Unidos o Reino Unido), si se hace bajo la supervisión de especialistas independientes que estudien el caso en profundidad para conocer el valor real del pleito y no solo su viabilidad. En otros casos, en los que las ejecuciones de las sentencias que conllevan un pago de cantidades pueden demorarse años, la opción de transmitir la acción judicial puede resultar igualmente interesante a quien haya esperado un largo tiempo para obtener el fallo favorable y lo que desea es cobrar cuanto antes. En España no existen normas que lo prohíban y, aunque su implantación es baja, su potencial crecimiento es indudable, siempre bajo las premisas de un adecuado estudio y control previo por ambas partes.