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Guaidó resta importancia a su inhabilitación para ejercer cargos públicos: “No existe contralor”

Ha restado importancia a la decisión que ha adoptado este jueves la Contraloría General de la República (CGR)
Guaidó. / EP
Guaidó. / EP
Guaidó. / EP

El autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó, ha restado importancia a la decisión que ha adoptado este jueves la Contraloría General de la República (CGR) de inhabilitarlo durante 15 años para ejercer cualquier cargo público, subrayando que, para él, esta institución carece de legitimidad.

“No existe contralor”, ha dicho sobre el jefe de la CGR, Elvis Amoroso, durante un acto celebrado en el Colegio de Ingenieros de Caracas para presentar su plan para recuperar los servicios básicos, según informa el diario venezolano ‘El Nacional’.

Guaidó ha esgrimido que Amoroso carece de cualquier autoridad porque ha sido designado por la Asamblea Constituyente, una institución que “no existe” –la oposición venezolana la considera ilegítima–. “Ya ni se reúne”, ha incidido el líder opositor.

En su opinión, Maduro “ha sacado del polvo” a Amoroso “para meter miedo”. “Pero el pueblo de Venezuela sabe que nada de eso soluciona la crisis eléctrica. Lo que la soluciona (…) es el cese de la usurpación”, ha defendido, aludiendo a los apagones que se han sucedido en todo el país desde el 7 de marzo.

Amoroso ha anunciado este jueves que la CGR ha decidido inhabilitar durante 15 años a Guaidó para ejercer cualquier cargo público porque, de acuerdo con una “auditoría patrimonial” iniciada el 11 de febrero, “ocultó y falseó los datos de su declaración jurada” y, en concreto, recibido “fondos no declarados desde el exterior”.

A este respecto, ha precisado que Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero que suman “más de 248 días”, “tiempo superior a ocho meses”, con “un coste promedio de estadía de 200 millones de bolívares”. “Es un hecho público y notorio que se ha alojado en cómodos hoteles de lujo” y ha viajado en “aeronaves privadas o chárter”, ha enfatizado.

Además, ha ordenado enviar toda la información de esta “auditoria patrimonial” a las autoridades fiscales para “determinar quién ha sufragado los costos derivados” de toda esta actividad exterior.

CRISIS VENEZOLANA

Guaidó está en el punto de mira del Gobierno de Maduro desde el pasado 23 de enero, cuando se autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela a raíz de la decisión del dirigente ‘chavista’ de iniciar unos días antes, el 10 de enero, un segundo mandato.

La oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional no reconocen este segundo mandato porque creen que es fruto de unas elecciones fraudulentas, las del 20 de mayo. Más de 50 países han reconocido a Guaidó como mandatario interino para que capitanee una transición pacífica que culmine con unos verdaderos comicios.

La Fiscalía tiene abiertas dos investigaciones penales contra Guaidó. Una por declararse “presidente encargado” y otra por su presunta implicación en los “ataques” al sistema eléctrico que, según el Gobierno, son la causa de los múltiples apagones.

Hasta ahora no hay orden de detención contra Guaidó, pero a medida que la crisis venezolana ha ido empeorando es una posibilidad que él mismo ha barajado. En los últimos días, ha sido detenido su jefe de despacho, Roberto Marrero, y también ha habido actuaciones contra familiares suyos, según denunció el miércoles su mujer en la Casa Blanca.

No es la primera vez que la Administración ‘chavista’ inhabilita a destacados opositores. Ya lo hizo con el ex candidato presidencial Henrique Capriles y con Leopoldo López. En el caso de este último, ha sido condenado a casi 14 años de cárcel por incitar a la violencia en las protestas antigubernamentales de 2014.

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