La profesionalidad de la sanidad canaria, pública y privada, goza de una salud excelente. Los achaques son de gestión política. La medicina popular prescribe una cura de humildad. En este periodo se han sucedido dos consejeros con perfiles antagónicos. Jesús Morera ejerció el cargo entre julio de 2015 y diciembre de 2016. Lo propuso el PSOE, de cuya ejecutiva regional fue secretario de Sanidad. En el grupo Socialista desempeñó la portavocía sectorial durante la etapa precedente. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó en Neurocirugía. De poco le sirvió en el Ejecutivo de coalición. A José Manuel Baltar lo designó CC por encargo. Titulado en Matemáticas por la Universidad de Santiago de Compostela, amplió su formación con un posgrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fernando Clavijo le encomendó la tarea de cuadrar las cuentas del Servicio Canario de la Salud (SCS) y de reducir las listas de espera (carcajadas en los descansillos). Aunque procede del ámbito empresarial, también había operado en la Administración. Entre otras responsabilidades, trabajó de subdirector en la Consejería de Sanidad (1994-1996) bajo el mandato presidencial de Román Rodríguez.
El Consejo de Gobierno aprobó el 26 septiembre de 2016 el decreto del Plan de Salud de Canarias 2016-2017, con un respaldo parlamentario unánime. Era la segunda estrategia desde las transferencias de las competencias, en 1994. El pacto estaba en la UVI. A Patricia Hernández, Aarón Afonso, Ornella Chacón y Jesús Morera les quedaban tres meses. A una semana de la disolución de la Cámara regional, Baltar se ha disculpado por no haber ultimado en marzo el de 2019-2024. Saldrá a exposición en el museo de los compromisos. Del anterior se han desarrollado “el 81,6% de las actuaciones”.
Clavijo se confiesa insatisfecho: “No vamos a poder cambiar la sanidad en doce meses, nadie tiene una varita mágica”. En los debates con la oposición, ha minimizado el impacto de los datos (“están desfasados”). A él le han endosado la culpa del colapso en las urgencias de los hospitales, con “pacientes en los pasillos, camas bloqueadas y ambulancias que nunca llegan”. Noemí Santana (Podemos) le mostró una foto viralizada de un baño de un hospital para denunciar las carencias en las infraestructuras: “Los problemas sanitarios los ha generado Coalición Canaria”. El presidente la tachó de populista, demagoga y teatrera. Patricia Hernández delató las “falsedades recurrentes” del equipo facultativo de Fernando Clavijo: “Miente usted, como de costumbre, porque anuncia como nuevas cosas que ya se están haciendo mientras que la única verdad es que va a destinar más dinero a la sanidad privada. Canarias está mal en sanidad no a pesar de eso, sino por eso, porque se deja de invertir en la pública para que la privada haga negocio”. La exvicepresidenta le recordó que Jesús Morera se plantó (“¡Hasta aquí hemos llegado!”) y “quitó 4 millones de euros de la privada para ponerlos en la pública, cuando quiso que los conciertos preconstitucionales se ajustaran a la ley”. Respiraba por la herida. Morera descartó dimitir por los recortes para que la comunidad autónoma se ajustara al objetivo del déficit: “El desvío en sanidad [140 millones de euros, según Rosa Dávila] lo ha habido siempre, a nadie se le ha ido la bola. No entiendo por qué se ha aireado de esta manera. La devolución de días a los empleados públicos implica un gasto de unos 11 millones anuales y se ha tenido que hacer frente al tratamiento de los pacientes con Hepatitis C, con un índice de curación del 93%”. El Boletín Oficial de Canarias (BOE) publicó el 20 de septiembre de 2016 la orden del cierre anticipado del Presupuesto, que se justificó en “la incertidumbre sobre la posible pérdida de fondos del Estado” y “el déficit de la Consejería Sanidad”. Los sindicatos amenazaron con una huelga. En 2017, la consejera de Hacienda alertó del impago de 241 millones en facturas del SCS y le echó los perros a Morera. El PSOE vinculó el “escándalo” al “caos”.
En diciembre de 2017 se presentó el Compromiso por la Mejora de la Sanidad Pública de Canarias, dotado con 190 millones de euros. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias lo calificó de cortina de humo (“toca la fibra populista pura y dura”) y reivindicó la iniciativa legislativa popular, avalada por más de 25.000 firmas, registrada en 2010. El 8 de enero de 2019 se constituyó la Mesa de Pacientes de Canarias.
Antes, en marzo de 2017, el pleno secundó, con la abstención de CC-PNC, una moción de Nueva Canarias -consecuencia de una interpelación a Baltar- que incluye un paquete de medidas para acabar con el “deterioro” de la sanidad: un programa permanente contra las listas de espera para rebajar un tercio en un año, acabar con la masificación de las urgencias, potenciar Atención Primaria, estabilizar las plantillas de trabajadores, un esquema de infraestructuras, más transparencia en los conciertos o ajustar el presupuesto al gasto real. El grupo Nacionalista intentó forzar la votación por separado de algunos puntos. “Si pervierten el reglamento se van a enterar”, clamó Román Rodríguez.
El 30 de enero salió adelante por unanimidad el plan de choque del PSOE en las urgencias que Iñaki Álvaro Lavandera definió como un “lavado de cara” a José Manuel Baltar. La semana pasada, la Asamblea legislativa avaló, con la abstención de CC-PNC, una moción del grupo Socialista en la que se reclama un incremento de la actividad quirúrgica por las tardes y que las listas de espera se publiquen mensualmente. La diputada Patricia Hernández le quitó el “maquillaje” al consejero.
El PP elaboró un Plan Integral Operativo para reducir las listas de espera sanitarias en el SCS y cifró el coste en 14 millones de euros anuales. “Se inspira en la experiencia de éxito de la sanidad madrileña”, glosó Asier Antona. “Se estructura en trece principios, como que el paciente elija libremente el centro sanitario con menor demora o mejores resultados”. Con vistas a las elecciones del 26 de mayo, preconiza la unificación de áreas.
En el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, Canarias no suelta el farolillo rojo desde hace nueve años: “La desinversión y el elevado grado de privatización han provocado esta situación”. En 2018 encabezaba la espera quirúrgica en el Sistema Nacional de Salud, con un tiempo medio de 147 días.
Atrapado en una marea blanca de protestas, José Manuel Baltar se desahoga repeliendo las “tergiversaciones” y “manipulaciones” de las cifras, que se utilizan, a su juicio, como pelotas de ping pong. La epidemia de bronquitis se agudiza.
Una bacteria, un incendio, fibrosis, inspectores y un crédito
Una bacteria ultrarresistente en la UVI del HUC disparó las alarmas sanitarias. “Es algo que está en todos los hospitales”, tranquilizó José Manuel Baltar. A los microbios. En el otro complejo de referencia en Tenerife, trabajadores de Urgencias de La Candelaria lamentaron tras el incendio de agosto de 2018 que el protocolo de protección no se había renovado desde 2008 y que el personal nunca había sido formado.
La financiación del medicamento Orkambi para los pacientes diagnosticados de fibrosis quística (FQ) con la mutación F508 del gen CFTR metió al consejero en otro embrollo. La homologación retributiva de los inspectores de salud pública le causa sudores sintomáticos. Menos mal que estaba vacunado.
Pero no todo el monte es pasto de las calamidades. En marzo se autorizó una ampliación de crédito por valor de dos millones para la ampliación de la plantilla del SCS. Además, se acrecienta la oferta de trasplantes después de un año récord en donaciones.
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