El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), descargó ayer sus posibles responsabilidades por el llamado caso Grúas en los técnicos municipales relacionados directamente con el controvertido expediente y, por elevación, en la Junta de Gobierno municipal.
Así consta en las respuestas dadas por el que fuera alcalde de la Ciudad de los Adelantados a las preguntas realizadas por la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna y la fiscal Anticorrupción provincial, María Farnés, dado que Clavijo se negó a responder a las cuestiones que pretendían plantearle los letrados de las dos acusaciones particulares, impulsadas desde los grupos municipales de Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias.
Durante su declaración, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, Clavijo opta por dos estrategias básicas de defensa. Por una parte, no recuerda el contenido del expediente más allá que “por encima”, y, por otra, achaca insistentemente a los técnicos municipales sus decisiones para, levantando los reparos de la Intervención Municipal, autorizar un préstamo de 120.000 euros y prorrogar la concesión a un grupo de empresarios que habían llevado a Autogrúas Poli a un caos de tal calibre que, legalmente, el Ayuntamiento de La Laguna tenía que haberla recuperado, en vez de intervenirla temporalmente, como finalmente se optó.
Especialmente señalados por el testimonio prestado por Clavijo resultan tanto la exdirectora general del Área de Seguridad Ciudadana, Rosario Hernández, como los dos técnicos que fueron puestos al frente de la concesionaria durante la intervención temporal de la empresa: Alejandro Cordero y Antonio Vera. Cabe recordar que Hernández dejó su puesto en el Ayuntamiento de La Laguna después de que Díaz también apuntara hacia ella cuando declaró, hace un año y dos días.
Incluso, y tras la enésima respuesta de Clavijo en la que lanza balones fuera, el hoy presidente reiteró, a pregunta de la fiscal Anticorrupción, que “toda la responsabilidad, analizar la propuesta de los interventores, los incumplimientos… era del servicio, junto con los interventores. Que son ellos los que le elevan las propuestas al concejal [el que luego lo sucedió como alcalde, José Alberto Díaz, también imputado por este caso Grúas] y este es el que la eleva a la Junta de Gobierno”.
Dentro de lo farragoso del tema, destacó la insistencia de Clavijo en mostrarse como alguien que admite ignorar cuestiones jurídicas, con frases del tipo de que él firma “lo que le proponen” e incluso en que, “tratándose de un Ayuntamiento de 160.000 habitantes y 30.000 flotantes, no podía estar informado absolutamente de todo”.
El presidente regional reiteró su desconocimiento en aspectos claves de la investigación, como, por ejemplo, al afirmar que no conoce “el artículo 155 de la LCSP [en realidad se refieren al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público]”, y que no sabe que este artículo “establece que la única solución ante el incumplimiento del concesionario es la resolución del contrato”. Cabe recordar que Clavijo y Díaz no solo no recuperaron la concesión, como les obligaba la ley, sino que prestaron dinero y prorrogaron la concesión a unos empresarios que no pagaban la Seguridad Social, ni impuestos ni a parte de los trabajadores, sino que además carecían hasta de permisos para la circulación de las propias grúas municipales.
También de especial interés fue la respuesta de Clavijo sobre el trascendental informe del 5 de junio de 2014, en el que Cordero y Vera relatan los gravísimos incumplimiento reseñados, ya que aseguró que no fue él quien lo interpretó, sino (una vez más) “la jefa del departamento”. En todo caso, reconoce haber sabido de algunos, pero no de la pésima situación general de la empresa.
Otra de las respuestas más controvertidas llegan cuando, por enésima vez, Clavijo insiste en que recuperar la concesión hubiera causado un quebranto económico al Ayuntamiento, pero a la par confiesa que no sabe “si se hizo algún estudio para calcular qué costaría o qué indemnizaciones habría que pagar para el caso de cesar la concesión o rescatarla”.
En definitiva, Clavijo estuvo lejos de explicar lo que considera “un caso de éxito”, sino que, en todo caso, despejó responsabilidades hacia abajo o, sencillamente, alegó desconocimiento, por básico que fuera.
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