La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido,valoró la aprobación in extremis del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) en el último Consejo de Ministros de la Legislatura, algo que achacó a la “presión” ejercida por el Ejecutivo regional. “Estamos muy satisfechos porque, por fin, se haya atendido esta demanda y que los 42 millones tan necesarios para financiar los planes de empleo para las personas más vulnerables de nuestro Archipiélago parece que van a llegar”.
No obstante, la consejera lamentó “el aprovechamiento electoralista que con toda probabilidad hará el PSOE de una demanda que no hubiese sido atendida de no ser por la presión ejercida por el Gobierno de Canarias y la cercanía de la cita electoral, justo este domingo”.
Ahora, no obstante, continuó la consejera, “el Servicio Canario de Empleo se pondrá a disposición del SEPE para iniciar contra reloj la redacción y firma del convenio, ya que sin él no es posible la transferencia”.
Valido recordó que si el PIEC es prorrogable, “también lo debe ser el dinero para pobreza, que igualmente es una subvención nominada y sobre la que argumentaron exactamente lo mismo que para denegarnos hasta ahora los fondos de empleo”. En su opinión, el Estado aún le debe a Canarias 18 millones para pobreza de 2018 y los 30 millones de 2019.
“Claro que si corrieron para aprobar a última hora el PIEC y no lo han hecho con este dinero que aún nos deben, ahora ya no sabemos muy bien qué va a pasar”. El lunes de esta misma semana, la Consejería de Hacienda elevaba al Consejo de Gobierno un informe sobre la situación de los convenios Canarias-Estado, así como de las partidas sobre las que los ministerios no han confirmado su disponibilidad para su incorporación este ejercicio.
En total, se trata de 954,3 millones de euros que no habían llegado a las Islas, y que incluye los 42 millones del PIEC aprobado ayer y la partida de 8 millones de euros para el agua agrícola. El citado informe recogía, además, el programa para la lucha contra la pobreza (30 millones de euros); parte de la anualidad de carreteras no transferida a la comunidad autónoma (247.992.000 euros); el convenio de medio ambiente en materia de aguas (40 millones de euros); el plan de inversión en tratamiento y depuración de aguas (10 millones de euros); el convenio en materia de costas (4 millones de euros); el acondicionamiento de la playa de Valleseco en Santa Cruz de Tenerife (2 millones de euros); el convenio de renovación de Las Rehoyas en Las Palmas de Gran Canaria y de reposición de las Chumberas en La Laguna (4 y 3 millones de euros, respectivamente); el plan de empleo ligado a las infraestructuras educativas (42 millones de euros); el plan para el establecimiento de la banda ancha en Canarias (5 millones de euros), así como el importe parcial de la sentencia de carreteras, imputado al superávit (500.340.000 euros). También tienen financiación PIEC los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, PFAE, que aportan 250.000 euros.
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