Rosario Carmenaty es una afectada por las expropiaciones del anillo insular en el municipio de El Tanque. Tiene varios terrenos de su familia, en concreto, de su padre y de su tía, en la zona conocida como Llano Martín. Los cultiva su hermano, que es agricultor y se dedica a sembrar papa antigua (azucena), una variedad que el Cabildo de Tenerife está intentando recuperar, y trigo de la variedad barbilla, que muy poca gente lo tiene porque da grano pero no forraje, explica. Es una de las variedades que se promociona en el Ecomuseo, abierto hace unos meses.
Solo hay una parcela que no está sembrada porque “al ser tierra de polvillo cuesta más y hay que esperar que se seque un poco, ya que su hermano lo declara las subvenciones”, explica.
“Todo lo que tenemos es gracias a la agricultura”, sostiene, ya que ha sido siempre el medio de vida de su familia y por eso no entiende que ahora se lo quieran quitar “de mala manera”, ya que le ofrecen pagarle 4,88 euros el metro cuadrado, casi tres veces menos de su valor, que es de 12 euros, precisa. “Queremos que nos indemnicen de manera justa, no a cuatro duros”, remarca.
En El Tanque hay 200 vecinos que van a ser expropiados con motivo del último tramo de esta infraestructura, entre El Tanque y Santiago del Teide. 85 de ellos ya han firmado un acta de mutuo acuerdo “y no porque lo estén”, aclara el alcalde, Román Martín, sino porque a la mayoría de ellos los costes de honorarios y gastos jurídicos que conlleva hacer una tasación paralela para pedir una revalorización de sus fincas, no les suponía ningún valor añadido y por eso descartaron esa opción.
Por otra parte, hay personas a las que les quitan muy pocos metros y el costo de un litigio tampoco les compensaba.
La familia de Rosi también está en este último grupo. A una de las parcelas de su padre solo le quitan 267 metros y sabe que por eso no va a pelear, ya que es solo una pared, pero sí por las otras, que le suponen una pérdida de más del 50% y que deberían expropiarle en su totalidad, ya que el porcentaje que le queda “no sirve para nada”. Ni siquiera les aseguran que le dejan una entrada, según le dijeron los técnicos de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Canarias.
“Lo único es que lo alegues y que después el jefe de obra se lo patee y ver si te puede dejar entrada”, le dijeron.
Su familia está pendiente de firmar la cesión de unos 12.000 metros cuadrados de tierra, pero tiene claro que no lo va a hacer a cualquier precio, ya que por una de las parcelas le ofrecieron 4,88 euros el metro cuadrado, una cantidad con la que no está de acuerdo porque además, “es tierra buena, que está valorada en doce euros”, insiste.
Por otra parte, critica la “falta de lógica” en las valoraciones, ya que el jardín es lo que más se paga. “Entonces voy a sembrar césped en todas mis parcelas para que me paguen más”, ironiza.
Rosi es consciente de que su caso no es el más grave, que hay otros vecinos que van a perder su vivienda, la tienen parcialmente afectada, o con riesgo de caerse cuando empiecen las obras, pero eso no le impide luchar por una indemnización “justa”. Eso es lo único que su familia reclama, subraya.
Igual que el resto, se enteró que los iban a expropiar por personal del Ayuntamiento. Desde allí les avisaron que el nombre de su padre salía en el boletín oficial. “Menos mal que ya habíamos arreglado todos los papeles, hicimos la aceptación de herencia y estaba todo a nombre suyo, caso contrario, nunca lo hubiésemos sabido”, declara. En este sentido, sostiene que “mucha protección de datos pero en el boletín aparecen todos los nombres y lo que le quitan a cada persona”.
A día hoy no les ha llegado una carta avisándoles. Y lo que resulta más increíble es que cuando los técnicos del citado departamento regional, acudieron a firmar las actas previas -un paso que por supuesto, no dieron- les dijeron que debían estar atentos a la oficina técnica para ver cuándo tenían que firmar. El tiempo que barajan para llegar a un acuerdo es después de Semana Santa, pero a día de hoy no les ha llegado la citación.
Esto último le resulta incomprensible porque además, “me lo están quitando forzosamente, no es que lo quiera vender y me obligan a molestarme por algo que yo no quiero hacer”, sostiene.
Confiesa que fue una gran sorpresa, sobre todo para su hermano, que no entiende cómo puede pasar por ese lugar la carretera. “Hay otros lugares, como San José de los Llanos, por ejemplo, que es todo monte, encima es del Estado y no es necesario tirar casas ni destruir huertas”, opina.
Rosario y su familia no dudarán en acudir a la justicia para reclamar lo que es suyo. Su abogado ya les recomendó que no firmaran y no lo harán.
La recogida del trigo es en agosto y la de papas en julio. Los técnicos le aseguraron que van a aguantar a que su hermano recolecte la cosecha, yo solo las de parcelas sino otras que también trabaja. De no ser así, “irá a males mayores porque tendrán que indemnizar a mi hermano por las pérdidas”, advierte.
Los terrenos de su tía siempre los ha cuidado su abuelo, y recuerda que en su momento, “cuando sacaron tierra de allí, fue él quien se preocupó por pagar camiones de tierra”, pero ahora, y con el precio que le ofrecen pagar, le resulta imposible.
Los afectados de las viviendas saben que pueden llevarse todo, “hasta las ventanas, pero nosotros no nos podemos llevar la tierra. Además, ¿quien me costea los camiones y las palas para hacerlo?”, se pregunta.
Según Rosario Carmenaty, “la prioridad” de la Consejería es el túnel y después el resto de la carretera y así se lo trasladaron a los vecinos en la reunión, “porque el permiso medioambiental que tienen pasa por debajo del Monte del Agua y se les caduca”. Tampoco se ponen de acuerdo sobre el comienzo de los trabajos. “Algunos dicen que en abril, pero no lo aseguran” y por eso la familia de Rosario no puede evitar pensar qué pasará si meten las palas antes de tiempo y pierden la cosecha. “Porque aquí hay mucho dinero invertido, no solo en trabajo y maquinaria, sino todo lo que hay en la tierra”, afirma.
Al igual que el resto de ciudadanos de El Tanque e incluso el alcalde, quiere dejar claro que no cuestiona la necesidad de esta carretera, “lo que queremos es que nos indemnicen de manera justa, porque no es lógico que lo hagan al precio que pretenden y por medio de la expropiación forzosa, una Ley de 1954 de 16 de diciembre de 1954 y el artículo 5.2.3 de su Reglamento, aprobado por decreto de 26 de abril de 1957, que data del gobierno de Francisco Franco, “y así te lo ponen cuando firmas, como le ocurrió a los vecinos”, enfatiza.
Sin embargo, el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno regional, Onán Cruz, informó a este periódico que su departamento no “pone el precio a libre albedrío, sino que se rige por el Real Decreto 1492/2011 de 24 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo.
“Los vecinos no han sido asesorados lo suficiente”
El alcalde de El Tanque, Román Martín, fue el primero en calificar de “expolio” y de “una indecencia en toda regla” lo que pretende hacer el Gobierno de Canarias con las expropiaciones en el municipio. Por eso no dudó en denunciarlo públicamente y salir en defensa de los vecinos.
Entre otros motivos, porque en las diferentes reuniones que ha tenido con ellos, en ningún momento apreció “una actitud de abuso respeto a la administración regional, al contrario, ha sido de absoluta nobleza”, asevera. “Lo único que están exigiendo es una indemnización justa y garante que les permita tener, al menos, unas viviendas de similares características”, añade. El mandatario puntualiza que en algunos casos, con las indemnizaciones que les han propuesto inicialmente a los afectados, ni siquiera les va a permitir comprar otro tipo de inmuebles, por lo tanto, se agrava aun más el problema. “Mi sensación es que el Gobierno de Canarias no ha asesorado lo suficiente y se han adoptado determinadas decisiones que me gustaría cuestionar”, declara.
Al respecto, informa de que en el caso de las expropiaciones que se produjeron en Icod de los Vinos, en el tramo anterior, a los vecinos se les ofreció la posibilidad de acogerse a las reposiciones de viviendas. “Fue el propio Gobierno el que les ofreció a los afectados unas viviendas alternativas, pero en el caso de El Tanque, no se ha hecho” y por eso entiende “que los vecinos de este municipio han sido menospreciados en relación a otras zonas expropiadas” n
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