La delegada de la Fiscalía Anticorrupción en Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial donde se solicita la anulación de una providencia dictada por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna en la que se descarta tomar declaración a determinados protagonistas del llamado caso Grúas.
Entre estos hay varios cuyo testimonio podría resultar incriminatorio para el hoy presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya imputado por esta causa, en la que también se investiga judicialmente al actual alcalde lagunero, José Alberto Díaz, y a otro edil de CC, Antonio Pérez-Godiño. También ha sido citada como imputada la que fuera directora del Área de Seguridad municipal, Rosario Hernández.
En el recurso de la fiscal, cuya copia obra en poder de DIARIO DE AVISOS, se considera que la providencia en cuestión no está lo suficientemente motivada, y que estos testigos resultan “imprescindibles”. “Es evidente que lo que se está cuestionando en el delito de prevaricación objeto de investigación, con la consiguiente incidencia en el de malversación y de tráfico de influencias, no es solo las posibles irregularidades administrativas que se hubieran podido producir en el expediente administrativo relativo a la concesión del servicio de grúas, sino la arbitrariedad de las resoluciones administrativas adoptadas, y muy especialmente la concurrencia del requisito subjetivo, que es lo que se tiene que acreditar a través de prueba indiciaria”, recuerda María Farnés.
Por ello, Anticorrupción solicita ahora a la Audiencia que se llame como testigos a los antiguos trabajadores de la concesionaria que no eran afines a Clavijo, así como a José Padilla (antiguo dueño de la misma) y a José Luis Tacoronte (actual propietario).
Como se recoge en el recurso, de especial interés sería la declaración de Padilla, quien ya ha manifestado (tanto ante la Guardia Civil como en la comisión municipal que investigó este caso) que, según él, desde el Ayuntamiento se le forzó a vender la empresa interrumpiendo unos pagos que fueron reanudados en cuanto accedió a ello.
También ha dicho Padilla que el entonces concejal de Hacienda, Juan Antonio Alonso (CC), le trasmitió el deseo de Clavijo para que la concesionaria quedara bajo el control del grupo donde estaban, por ejemplo, antiguos compañeros de karate del ahora presidente.
En consecuencia, la fiscal ve el testimonio de Padilla “absolutamente necesario, toda vez que sus anteriores declaraciones son indicativas del interés de Clavijo en que Autogrúas Poli estuviera en manos de personas vinculadas personalmente con él”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas