Los dueños de un guachinche situado en Santa Úrsula (Tenerife) han admitido este martes, durante una vista celebrada en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, haber cometido un fraude contra la Seguridad Social entre 2016 y 2019 y, por lo tanto, aceptan un año de cárcel, devolver 41.000 euros al organismo estatal y el pago de una multa de 2.200 euros.
La Audiencia ha suspendido la entrada en prisión siempre y cuando no cometan ningún delito durante dos años y abonen la cantidad defraudada “en la medida de sus posibilidades”.
La entidad generó una deuda con la Seguridad Social por importe de 62.244,58 euros, de los que 7.300 euros correspondían a intereses y el resto al impago sistemático de cuotas de los trabajadores durante esos cuatro ejercicios, lo que dio lugar a una inspección.
Uno de los acusados era administrador único y figuraba como autónomo de la empresa que gestionaba el negocio, pese a no ejercer otro trabajo, lo que generó también una deuda de 23.000 euros.
Tal y como relata la Fiscalía y aceptan los encausados, para impedir el cobro de estas cantidades pagaban a sus empleados el salario en efectivo con dinero procedente de la caja registradora y por importe superior al que figuraba en sus nóminas.
No aceptaban tarjetas de crédito para que no quedaran registrados los ingresos del negocio, carecían de cuentas a su nombre, utilizaban otras a nombre de su hija y emitían a sus clientes facturas a mano que no se registraban en la contabilidad, según la acusación.
Uno de los acusados era titular, por donación recibida de su padre, del 36,51 % de una finca rústica y, para evitar las deudas que ya pesaban sobre ellos, de común acuerdo y con ánimo de impedir su cobro, concertaron la donación de la propiedad a favor de su hija menor de edad, a través de su madre.
Posteriormente, vendieron su porcentaje, por el que recibieron 41.000 euros como representantes de la joven, cantidad que ingresaron a su nombre y que no se empleó en abonar la deuda, sin que existiera ya otra propiedad para este fin.
En principio, la Fiscalía solicitaba dos años y medio de cárcel para cada uno, el pago de una multa de 5.400 euros y la devolución de los 41.000 euros defraudados.
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