repaso a la novena legislatura canaria / estatuto de autonomía y ref

Impulso reformista para cambiar la inercia histórica

El “archipiélago atlántico” entra en el grupo de las comunidades con mayor potencial de competencias y blinda sus peculiaridades
Una delegación del Parlamento de Canarias, en el Senado. / DA
Una delegación del Parlamento de Canarias, en el Senado. / DA
Una delegación del Parlamento de Canarias, en el Senado. / DA

Tardó, pero el Estatuto de Autonomía de última generación (la próxima reforma se someterá a un referéndum) llegó a tiempo de las elecciones al Parlamento de Canarias. Antes de los comicios del 26 de mayo se han aplicado algunas de las novedades más significativas: la supresión del aforamiento (el escudo del Tribunal Superior) a los diputados y los miembros del Gobierno (personificada en su presidente por el caso Grúas) o los decretos ley, una herramienta para emplear en circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad” que Fernando Clavijo ha utilizado cinco veces en tres meses. Probablemente tampoco le faltarían ganas de disolver la Cámara y convocar a la ciudadanía a la votación de manera anticipada. Con todo, la modificación del sistema electoral marca un punto de inflexión con la superación en la práctica de la triple paridad, la ampliación del número de escaños (de 60 a 70) y dos circunscripciones (la insular y la regional) que implican otras tantas papeletas y sus respectivos sobres de distinto color en sendas urnas.

La norma fundamental de la comunidad autónoma (subsidiaria de la Constitución) rige desde el 6 de noviembre de 2018, cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), a un mes exacto del cuadragésimo aniversario de la Carta Magna. La tramitación arrancó el 27 de enero de 2014, en la octava legislatura, momento en el que el pleno debatió la comunicación del Ejecutivo de Paulino Rivero, conformado por CC y el PSOE: “Debemos fortalecer nuestro autogobierno para hacer frente a las nuevas situaciones que se están presentando. No hay ninguna razón para no reflexionar y que las cosas dependan más de nosotros”. Lo había anunciado el 12 de diciembre de 2007, tras la retirada de las Cortes del texto de la reforma del Estatuto (promulgado en 1982 y revisado en 1996). El 25 de marzo de 2015, el PP y el grupo Mixto (NC-PIL) rechazaron la propuesta. El 13 de diciembre de 2016, José Miguel Ruano (CC) e Iñaki Lavandera (PSOE) la defendieron desde la tribuna de oradores del Congreso. El PP se sumó al consenso y la Cámara Baja la tomó en consideración. El 13 de septiembre de 2018, el pleno aprobó el dictamen de la Comisión Constitucional con el voto del PSOE, el PP, PDeCAT, PNV, CC y NC. Podemos se opuso y Ciudadanos se abstuvo. En octubre, el Parlamento de Canarias emitió el preceptivo informe con la disconformidad morada. Días después, Fernando Clavijo compareció ante la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado: “Este es un instrumento indispensable para continuar avanzando en el autogobierno y forjar una Canarias más próspera, más justa y más democrática”.  Al no recoger ninguna enmienda, se aprobó definitivamente en el pleno del 24 de octubre de 2018 sin que Podemos y Cs cambiaran de opinión. “Canarias ha dado un paso sin precedentes y tiene, por fin, un Estatuto de Autonomía que reconoce las singularidades y los derechos y libertades de los 2,2 millones de canarios y canarias”, se felicitó el mandatario isleño. “Hace historia y justicia con nuestro pueblo, ahonda en el autogobierno y nos define como pueblo en el paraguas del Estado”. Clavijo celebró el “ascenso a la primera división” de las comunidades autónomas. “Los estatutos de autonomía trascienden de su territorio, afectan a todos los españoles y deben desarrollar y garantizar la Constitución”, proclamó la ministra Meritxell Batet.

Aplausos por la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. / DA

El Estatuto canario pasa de 65 a 202 artículos, cataloga al “archipiélago atlántico” como una región ultraperiférica e insta a los poderes públicos a modular sus políticas para adaptarlas a la lejanía y la insularidad. En ese marco, la comunidad autónoma “participará mediante fórmulas de cooperación y colaboración en materia de comercio exterior con países vinculados históricamente a Canarias. El entorno espacial “comprende el archipiélago canario, integrado por el mar y las siete islas con Administración propia de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como por la isla de La Graciosa y por los islotes de Alegranza, Lobos, Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste”. Sin perjuicio de la “delimitación de las líneas de base existentes”, entre “los puntos extremos más salientes” de las islas e islotes se trazará un contorno perimetral que siga la configuración general”. Las aguas que queden dentro “recibirán la denominación de aguas canarias y constituyen el especial ámbito marítimo de la comunidad autónoma” de Canarias, que adquiere competencias en “el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre”. El ejercicio de las atribuciones sobre “las aguas canarias y, en su caso, los restantes espacios marítimos que rodean a Canarias sobre los que el Estado español ejerza soberanía o jurisdicción” se realizará “teniendo en cuenta la distribución material de competencias establecidas constitucional y estatutariamente”. Y dos huevos duros.

El repertorio de derechos y deberes garantiza una renta de ciudadanía para las personas que se encuentren en condiciones de exclusión social y la “salvaguarda” de los animales, “seres que sienten” a los que protege de “actividades que conlleven maltrato o crueldad”.

El anclaje y su desligue de la financiación autonómica ordinaria afianzan el Régimen Económico y Fiscal (REF), cuya reforma (sin el respaldo de Podemos) siguió un recorrido en paralelo. El descuento del 75% para los residentes canarios en sus viajes a la Península, que será de igual cuantía en avión y del 50% en barco en los trayectos interinsulares; una partida presupuestaria para combatir la pobreza, y las ayudas a la desalación de agua para la agricultura son fertilizantes del bienestar.

 

La instrucción del caso Grúas visualiza el fin de los aforamientos

Fernando Clavijo, en los Juzgados de La Laguna (17 de abril de 2019). / FRAN PALLERO
Cinco meses después de la eliminación de los aforamientos, una novedad en España, Fernando Clavijo declaró en un Juzgado de Instrucción como investigado en el caso Grúas, por presuntas irregularidades cometidas durante la etapa del hoy presidente del Gobierno de Canarias en el Ayuntamiento de La Laguna.

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