la palma

La Junta Electoral prohíbe la candidatura del alcalde bagañete

Ángel Pablo Rodríguez, que fue condenado por prevaricación a siete años de inhabilitación para el desempeño de cargo público por el caso Los Tarajales, renuncia a recurrir la decisión
El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, termina su larga trayectoria política tras más de 30 años en activo. DA
El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, termina su larga trayectoria política tras más de 30 años en activo. DA
El alcalde de Tazacorte, Ángel Pablo Rodríguez Martín, termina su larga trayectoria política tras más de 30 años en activo. DA

Ángel Pablo Rodríguez Martín, alcalde en el Ayuntamiento de Tazacorte y condenado en una sentencia, que recurrirá, a siete años de inhabilitación para el desempeño de empleo o cargo público, ha renunciado a presentar recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo tras la decisión de la Junta Electoral de Zona, que acordó por unanimidad, y a petición del coordinador insular de Izquierda Unida en La Palma, que el regidor nacionalista no puede ser candidato a la Alcaldía como consecuencia de la sentencia del caso Los Tarajales, que lo condenó por prevaricación.

El alcalde ha renunciado a presentar recurso para intentar mantener su candidatura y revalidar su mayoría en las urnas el próximo 26 de mayo, y ha emitido un comunicado explicando que “he tomado la decisión de renunciar a mi candidatura por la condición de ser inelegible debido a la sentencia provisional, no firme, del juicio de Los Tarajales, que será recurrida ante la Audiencia Provincial”. El regidor local explica que “esta decisión es la mejor para seguir luchando por Unión Bagañeta”, que ha concurrido a las elecciones en reiteradas citas con las urnas de la mano de CC, a cuyos miembros agradece “el apoyo recibido estos días”. Explica que “desde la responsabilidad y el compromiso, he tomado esta difícil decisión por no perjudicar al partido y a los compañeros que componen la plancha de Unión Bagañeta”.

Pese a todo, manifiesta “la incomprensión por la falta de respeto ante la presunción de inocencia en relación a una sentencia que no es firme” y se pregunta “cómo se explica que el fallo de la sentencia haya considerado legal la licencia municipal del edificio de Los Tarajales y al mismo tiempo se me condena por no poner en marcha los mecanismos para la paralización de la obra”.

El alcalde fue condenado la pasada semana, después de un largo proceso de diez años de diligencias, a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, tras dar autorización a la construcción del edificio de Los Tarajales, invadiendo el dominio público marítimo terrestre a partir de una licencia otorgada en 2005. Todos los demás acusados, entre ellos dos ediles y el arquitecto municipal, quedaron absueltos de los delitos imputados, tras años de espera para la celebración de este juicio en octubre de 2018. El artículo 6.2 de la Loreg indica que son inelegibles “los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración pública o contra las instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo o la inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal”.

El escrito emitido por la Junta Electoral señala que “debemos partir de la literalidad del precepto que establece como causa principal la inelegibilidad de la condena por delito contra la Administración pública sin distinguir cargo o empleo público concreto”.

El alcalde ha sido sustituido en la candidatura por su número dos, David Ruiz, edil de Turismo.

TE PUEDE INTERESAR