El Tribunal Arbitral Internacional, administrado por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, condenó a Venezuela a pagar aproximadamente 366 millones de dólares (326.800.000 euros) a Serafín García y a su hija Karina García, propietarios de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A. en concepto de indemnización por la expropiación ilegal de estas compañías, que tuvo lugar en 2010 por parte del Gobierno de Hugo Chávez. El documento jurídico, al que ayer tuvo acceso DIARIO DE AVISOS, está fechado el pasado 26 de abril.
La reclamación por parte de Serafín García, afamado empresario gomero que actualmente reside en Miami y que contrajo matrimonio con la Miss Universo de 1981, Irene Sáez, comenzó en el año 2012, invocando el Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Venezuela y el Reino de España de 1995. Esta se basó en su inversión en Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., compañías que operaban en el sector de la importación y distribución de alimentos en Venezuela y que en mayo de 2010 sus instalaciones fueron ocupadas y sus inventarios decomisados por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis). García Armas era, en el momento de llegar al poder el chavismo, el gran distribuidor de alimentos de toda Venezuela, con una amplia red de transportes; facturaba al año más de 400 millones de dólares.
La intervención de las compañías de Serafín García (que también incluyó al Frigorífico Ordaz, S.A., propiedad de otros miembros de la familia y respecto del cual tramitan dos arbitrajes separados) tuvo lugar en el marco de una serie de inspecciones realizadas por el Indepabis en mayo de 2010 a varias empresas en el sector alimenticio. En el caso de Alimentos Frisa, C.A. y Transporte Dole, C.A., el Indepabis acusó a estas compañías de ciertas irregularidades operativas, y, a través de medidas preventivas de “ocupación y operatividad temporal”, ordenó poner sus activos e inventarios a disposición de una junta administradora temporal, que sería encargada de administrarlas.
Según destacó el Tribunal Arbitral, compuesto por Guido Santiago Tawil (Argentina), Eduardo Grebler (Brasil) y Rodrigo Oreamuno (Costa Rica), y administrado por la Corte Permanente de La Haya (Holanda), la junta administradora se apropió de ambas compañías, incluyendo sus activos y cuentas bancarias. Además, se concluye que en ningún momento la junta había intentado preservar el patrimonio de las compañías ni había rendido cuentas por sus actos. De hecho, al poco tiempo ambas empresas debieron suspender definitivamente sus operaciones. El alto tribunal insistió en que la real justificación para la intervención de las compañías por parte del Indepabis no había sido la existencia de irregularidades, sino la decisión de Venezuela de apropiarse de los activos de las compañías de Serafín García. Por lo tanto, el tribunal arbitral consideró que las medidas habían implicado una expropiación ilegal, al privarse a los demandantes del uso y goce de su propiedad, sin pagar compensación.
De la misma manera, el tribunal también consideró que las medidas habían sido arbitrarias y totalmente desproporcionadas con las supuestas infracciones, que los demandantes no pudieron defenderse de forma adecuada y que Venezuela había violado gravemente el proceso al no seguir los procedimientos previstos en la ley venezolana para una expropiación.
El Gobierno de Chávez comenzó en 2007 con las ‘nacionalizaciones’
Tras ganar por amplia mayoría las elecciones presidenciales de diciembre de 2006, el Gobierno de Hugo Chávez emprendió la nacionalización de empresas de “sectores estratégicos”, como el petrolero, el eléctrico, el telefónico, el bancario y el alimentario. Una de las más conocidas es Exxon Mobil, por la que Venezuela fue condenada a pagar, por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, 908 millones de dólares (810 millones de euros) a la petrolera por la nacionalización de algunos de sus proyectos en 2007.
Chávez nacionalizó en 2008 el Banco de Venezuela, filial del Banco Santander. En febrero de 2009 el mandatario venezolano obtuvo una nueva victoria en el referendo sobre la reelección indefinida que finalizó con su muerte el 5 de marzo de 2013. En esa etapa Chávez reavivó el proceso de nacionalización con la toma, en mayo de 2009, de 76 empresas de servicios petroleros en el estado occidental de Zulia.
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