Si por algo se va a caracterizar el nuevo Gobierno de progreso de Canarias, cuyo presidente, el socialista Ángel Víctor Torres, será investido a finales de esta semana, es por sus políticas sociales. No solo porque se trata de un Ejecutivo de izquierdas (el socialismo concebido como tal ha decaído mucho en los últimos años), sino porque la lucha por la igualdad social ha sido el caballo de batalla de Nueva Canarias (NC) y Unidas Podemos durante esta legislatura que ha terminado. ASG, el otro partido que conforma este cuatripartito, se adaptará, con buen criterio, a este proyecto social de cuatro años.
Con esta hoja de ruta bien definida, el nuevo Gobierno tiene, desde el minuto uno, cuatro líneas de acción claras para abordar en la X Legislatura. La implantación de una renta básica (renta canaria de ciudadanía) para hacer frente a la elevada tasa de pobreza que existe en las Islas; la creación de una tasa turística con carácter finalista, para el impulso de un turismo más sostenible y de calidad; una política fiscal basada en que paguen los que más tienen, lo que conlleva una previsible subida impositiva, y, por último, activar la agenda Canarias-Estado para que el Gobierno central modifique la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y así poder gastar el superávit que, según ha dicho el futuro consejero de Hacienda y líder de NC, Román Rodríguez, le “sobró” al anterior Ejecutivo de Coalición Canaria a pesar de haber muchos canarios en el umbral de la pobreza. Asimismo, recuperar el dinero perdido del convenio de carreteras y la reforma del sistema de financiación autonómica. Previsiblemente, si Pedro Sánchez es investido presidente del Gobierno de España dentro de dos semanas y no es necesario volver a convocar nuevas elecciones, reclamar el superávit con un Gobierno de igual color en Canarias será, sin duda, mucho más fácil.
La lucha contra la pobreza y la exclusión social aparece como medida estrella en el acuerdo de Gobierno de progreso y para el cambio de Canarias. Dar respuestas inmediatas a las enormes injusticias sociales que la herencia de la crisis ha dejado en el Archipiélago será la máxima prioridad del nuevo Ejecutivo y, en este sentido, la instauración (ya ha dicho Román Rodríguez que será de manera urgente) de la renta de ciudadanía será clave. Se trata, sin más, de dar cumplimiento a lo que ya establece el artículo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, que entró en vigor el pasado mes de noviembre.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), Canarias ocupa lugares de cabeza en los peores indicadores de calidad de vida de sus habitantes. El Archipiélago tiene una tasa de riesgo de pobreza que alcanza al 30,5% de su población (nueve puntos más que la media estatal), según datos de 2017, y decenas de miles de familias a las que resulta imposible comprar o alquilar una casa. “No puede ser que haya niños en Canarias que no coman, es inaceptable”, ha dicho Rodríguez.
Con esta renta básica se garantizarán unos ingresos a una parte importante de la población, de manera que dispongan de dinero para sufragar sus necesidades básicas. La renta básica no es nueva, existe en otras partes de Europa, y de España, como Navarra o País Vasco. Está dirigida a personas con empleo, pero que, con sus ingresos, no cubren las necesidades básicas de su unidad de convivencia, y a desempleados, con o sin prestaciones, que se encuentran en una situación económica similar, pero con el horizonte del empleo como mejor fórmula de inclusión. Según la propuesta planteada por NC, y que ya han anunciado que debatirán con todos los agentes sociales y formaciones políticas, los receptores recibirían, de entrada, 563 euros mensuales en 12 pagas, 93 euros más que la PCI. Una cantidad que se amplía en función de los miembros de la unidad de convivencia para llegar hasta los 812 euros si está compuesta por cinco personas. Para acceder a la misma se exige, como mínimo, un año de empadronamiento en el municipio en el que se solicita, ser mayor de 25 años y disponer de unos ingresos inferiores a la cuantía de la renta de ciudadanía.
Hasta aquí, no hay discusión. Ahora lo importante es saber el coste económico de la implantación de esta medida. Según el proyecto de NC, este sería cercano a los 300 millones de euros, que son perfectamente sustentables con los 57 millones de euros anuales de la actual PCI y rescatando las rebajas fiscales del Gobierno canario (unos 300 millones), así como con recursos del Servicio Canario de Empleo (SCE), los servicios sociales, desarrollando la dormida Ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, y los presupuestos estatales.
Y es aquí donde interviene otro de los ejes clave de este nuevo Gobierno: su política fiscal, porque es obvio que la consecución de gran parte de estas medidas de igualdad social lleva aparejado un incremento de los gastos de la comunidad autónoma, que habrá que suplir con una subida impositiva. En este sentido, el que será el consejero de Hacienda, Román Rodríguez, se ha mostrado abierto a devolver el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) al 7% (el anterior Gobierno lo rebajó al 6,5%) y también a una “progresiva” subida del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, actualmente bonificado al 99% en Canarias.
Junto a estas iniciativas, el pacto de gobierno incluye la lucha contra el fraude fiscal, revisar las rebajas fiscales de la anterior legislatura, que supuso la citada merma de 300 millones para las arcas autonómicas y, por último, darle un mayor protagonismo a la imposición medioambiental con la creación de nuevos tributos ecológicos para la lucha contra el cambio climático.
Eso sí, el futuro consejero de Hacienda del Gobierno regional ha dejado bien claro que las “formas” han cambiado y que todas y cada una de estas medidas serán consensuadas y debatidas con todos los agentes sociales y económicos de Canarias.
Una tasa turística finalista para conseguir un turismo más sostenible
Además de fortalecer las políticas sanitarias con especial hincapié en la reducción de las listas de espera, y la educación, con la mejor integración de la Formación Profesional, dando más protagonismo a nuevas economías como las energías renovables, la economía circular, la agricultura o la economía azul, el nuevo Gobierno también es consciente de la importancia del principal sector económico de Canarias: el turismo. En este sentido, la idea de este nuevo Ejecutivo de progreso es fomentar la modernización del sector turístico para mejorar su competitividad, apostando más por la calidad que por la cantidad, y más por la renovación de los alojamientos y núcleos existentes que por producir masivamente nueva planta turística. Para ello, la implantación de una tasa a las estancias turísticas con carácter finalista será esencial, dando pie a que los establecimientos hoteleros puedan ser más sostenibles y cumpliendo así con lo que ya se hace en otros destinos, como Roma, Berlín o Lisboa.
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