Hernández: “José Alberto Díaz estaba al tanto de todo sobre el servicio de grúas”

Como estaba previsto, el llamado caso Grúas registró ayer la declaración del cuarto imputado por esta causa, con la llamativa salvedad de que se trataba de la primera técnica que declara como investigada, después de que lo hicieran tres políticos, todos ellos de Coalición Canaria: Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño. Y la cita con la responsable municipal de Seguridad, Rosario Hernández, tuvo al fin lugar en el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna, donde solo respondió a las preguntas de la fiscal Anticorrupción provincial, María Farnés, y de su propio abogado, Edmundo González, tal y como le permite el ordenamiento jurídico.

Lo cierto es que, en líneas generales, Hernández estuvo a la altura y rechazó ser responsable de lo sucedido, si bien no dudó, a preguntas de Farnés, en aclarar que, “en este expediente de Autogrúas Poli, el concejal [en referencia a José Alberto Díaz] tuvo conocimiento de cómo iban las materias dentro del área y de cómo discurrían los procedimientos”.

Cabe recordar que las diligencias están centradas en dos polémicas decisiones municipales: conceder un préstamo de 120.000 euros y prorrogar la concesión a una empresa que, controlada por siete empresarios entre los que se encuentran varios afines a Clavijo, había incurrido en suficientes incumplimientos graves como para haber recuperado la concesión. Para ello se dictaron tres decretos, pese a los reparos interpuestos desde la Intervención municipal, y la investigación versa sobre, si con tales decretos, se cometieron o no los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Es menester aclarar que, tal y como comunicó ayer la titular del juzgado lagunero, a Rosario Hernández solo se la investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa.

Sin duda bien asesorada por su abogado, tuvo esta técnica la prudencia suficiente para recordar que “los informes” que emite “no son vinculantes, y que el órgano puede separarse de su decisión de propuesta, así como que “los decretos dictados” en base a sus informes, “de prórroga y de préstamo, no han sido recurridos ni en vía administrativa ni en la contencioso-administrativa”.

Eso sí, la técnica es consciente de que estaba en el ojo del huracán, si se permite el símil, pero aduce que “las decisiones sobre préstamo, prórrogas…, respecto a Autogrúas Poli” no son suyas; “que en un procedimiento administrativo se inicia un trámite donde intervienen los servicios gestores; que el régimen jurídico lo tiene siempre Hacienda, y que es en este caso en el área de Seguridad Ciudadana donde surten los efectos”. Al hilo de estas palabras, Hernández insiste en que “cuando el órgano toma la decisión es tras un expediente activo, con informes no vinculantes, y [en consecuencia] el órgano se puede separar de las propuestas”.

Llegados a este punto, cabe recordar que, cuando declararon Clavijo y Díaz, no dudaron en señalar hacia Rosario Hernández como responsable de la Seguridad municipal lagunera, pero ayer los dos nombres que más se oyeron en boca de esta técnica fueron los de sus dos compañeros a los que se les asignó el control temporal de la concesionaria cuando esta ya se encontraba en una situación lamentable, hasta tal punto que ni siquiera contaba con las preceptivas tarjetas de transporte, que son habilitantes para que las grúas puedan circular.

Así, Hernández citó desde el minuto uno a Alejandro Cordero, dado que, como recordó, “cada concesión administrativa tiene un responsable de servicio, y que en el caso de las grúas la persona designada en el año 2004 [cuando Clavijo, aún concejal, privatizó el servicio] fue primero Juan Valentín y después Alejandro Cordero”.

En realidad, sin coste

Explica Hernández, a medida que avanza el interrogatorio, que Cordero le informa sobre la mala situación de la concesionaria, si bien reconoce que estaba de acuerdo en adoptar medidas cautelares como el secuestro de la concesión, pero no con lo que correspondía dada la legislación vigente, que era recuperar la concesión, lo que en realidad podía hacerse sin coste alguno ante los incumplimientos graves del pliego de condiciones. Sea como fuere, detalla Hernández que, por la información que ella obtuvo entonces, “no era un problema de liquidez, sino de posible no prestación del servicio”.

Sobre el compañero de Cordero, y a preguntas de su propio abogado defensor, Rosario Hernández apuntó que “Vera informó a favor de la prórroga para mantener la correcta prestación del servicio”, y así le consta.

Eso sí, y por si quedaba alguna duda, esta nueva investigada por el caso Grúas hizo dos declaraciones rotundas.

La primera fue “que desde 2013 a 2016, todas las decisiones que adoptó el Ayuntamiento de La Laguna respecto a Autogrúas Poli no fueron” responsabilidad suya. Y la segunda, “que es la Junta de Gobierno, como órgano de contratación, quien debe decidir si se inicia cualquier procedimiento”.