La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a estimar los recursos interpuestos por las acusaciones del llamado caso Grúas en aras de profundizar en la investigación, de tal modo que ha ordenado al Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna a citar como testigos al primer empresario que obtuvo la concesión del servicio municipal de grúas en 2004, José Padilla; al actual detentador de la misma, José Luis Tacoronte; y a uno de los denunciantes originales, el extrabajador de la concesionaria Francisco Javier Ramos.
Así se desprende del Auto que, con fecha del pasado día 5, fue comunicado ayer a las partes por la Audiencia, que, a su vez, rechaza los argumentos de la defensa del presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, que proponía desechar las referidas comparecencias al entenderlas irrelevantes.
Sin embargo, el Alto Tribunal provincial sí que valora la prestación de tales testimonios, y lo hace por dos causas. Por una parte, porque la motivación ofrecida por la jueza en su Providencia del pasado 13 de mayo es “manifiestamente insuficiente e incluso omite pronunciamiento sobre una diligencia fiscal propuesta por la acusación”. Por otra, se estima que, dado que alguno de estos testigos han prestado declaraciones ante la Policía, si son confirmadas en sede judicial pueden apuntalar el relato acusador.
Destaca particularmente el caso de José Padilla, dado que sus respuestas, tanto a preguntas de la Guardia Civil como en la comisión municipal que investigó el caso, resultan, como mínimo, alarmantes.
Dicho empresario aseguró bajo juramento el 4 de septiembre de 2013 ante la Guardia Civil, (atestado número 2013-004850-000152) que Clavijo, entonces alcalde de La Laguna, presuntamente le obligó a realizar pagos con los que el empresario no estaba conforme al parecerles no acordes con los valores de mercado, pero que afrontaba los mismos “sin protestar por miedo a que le quitasen la concesión, que era una de las amenazas que recibía por parte de Fernando Clavijo, cuando no estaba de acuerdo con algo relacionado con la empresa, haciéndolo con gritos y amenazas. Durante todo el tiempo que tuvo la empresa todo fueron amenazas”.
José Padilla también aportó en su día documentación sobre los motivos por los que, sostiene, cedió la concesionaria de las grúas a siete empresarios/trabajadores, muchos afines a Clavijo en distinto grado, ya que el Ayuntamiento dejó de pagarle lo estipulado por el servicio hasta que accedió a vender. Nada más hacerlo, el Ayuntamiento se puso al día con tales pagos.
En cuanto a José Luis Tacoronte, actual titular de la empresa, cabe recordar que compró la concesionaria en 2015 por un simbólico euro a los afines de Clavijo a cambio de afrontar la deuda existente, que ascendía a unos 700.000 euros, y que había sido generada por la catastrófica gestión de los mismos. Precisamente, lo que se investiga es por qué el Ayuntamiento prestó 120.000 euros y prorrogó la concesión a los afines de Clavijo cuando, en realidad, debía haber recuperado la concesión dados lo grave de sus incumplimientos .
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas