Las técnicas desmienten a Clavijo: el préstamo nunca se avaló

La jefa del Servicio de Contabilidad del Ayuntamiento de La Laguna, Marta Rodrigo, destruyó ayer uno de los pilares argumentales de los imputados por el llamado caso Grúas, dado que el polémico préstamo de 120.000 euros concedido por el Ayuntamiento de La Laguna a la concesionaria del servicio municipal de grúas (controlada entonces por un grupo de empresarios entre los que hay afines al entonces alcalde, Fernando Clavijo) nunca se avaló, a pesar de que tanto Clavijo como el también imputado por esta causa, el exalcalde José Alberto Díaz, siempre han sostenido que para ello bastaba con la fianza puesta para recibir la concesión. La declaración de Rodrigo se produjo el mismo día en que también prestó testimonio la otrora responsable del servicio jurídico municipal, Isabel Cubas, quien a su vez declaró que no puede asegurar que dicho aval servía para responder por el préstamo, y que el informe que realizó por encargo de la comisión municipal tuvo un carácter genérico y que nunca tuvo acceso al expediente. Vamos, que su valor real es ínfimo, si es que tiene alguno en lo que respecta a este caso en concreto. Lo cierto es que el día de ayer resultó pésimo para los intereses de los imputados, que ya son cuatro (los referidos Clavijo y Díaz, además del exedil de CC Antonio Pérez-Godiño y la exdirectora de Seguridad municipal Rosario Hernández).

Rodrigo

Aunque fue más breve, lo cierto es que todo apunta a que el testimonio prestado por Marta Rodrigo puede resultar trascendente en esta causa y, desde luego, es un refuerzo notable para las tesis de la Fiscalía Anticorrupción y de las dos acusaciones populares (impulsadas por los grupos municipales de Unidas se puede y Avante La Laguna). En concreto, la jefa del Servicio de Contabilidad municipal apenas tuvo que contestar a cuatro preguntas de la fiscal, pero fueron más que suficientes.

Y es que Rodrigo desveló una información que, hasta el momento, no era conocida: el controvertido préstamo de 120.000 euros nunca estuvo avalado.

Explica esta técnica (que no es de libre designación) que, según el acuerdo de la Junta Local, “como garantía estaba la fianza, pero esa fianza no coincidía con el aval de la empresa, ya que era otro importe. Que la fianza era de 178.000 euros -continuó Rodrigo-, y como no se correspondía con el importe que constaba en el acuerdo, que eran 182.000 euros, no se hizo el apunte [en la contabilidad municipal, se entiende] y debía resolver el servicio gestor dicha discrepancia”. Pero la bomba informativa (el futuro decidirá si también procesal) llegó cuando la jefa de Contabilidad añadió: “No tengo constancia de la recepción de la modificación, y no hice apunte contable alguno que hiciera que esta fianza quedara sujeta a la restitución del préstamo. Nadie de mi servicio hizo la modificación y tampoco me consta que lo hiciera el departamento de Tesorería”. O lo que es lo mismo, el préstamo nunca se avaló en la práctica, dado que nunca llegó a ser registrado en la contabilidad municipal.

Resta añadir que, a preguntas de los abogados defensores, Marta Rodrigo explicó que, por razón de su cargo, no controla la constitución de las fianzas, pero sí “contabilizar los acuerdos”, tras reiterar que, si no se hizo, era porque no cuadraban los números.

Cubas

Tampoco le fueron las cosas mucho mejor a las defensas cuando llegó el turno de la hoy jefa de Hacienda y Patrimonio Municipal, si bien era directora de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de La Laguna cuando realizó un informe jurídico por encargo de la comisión municipal que investigó fallidamente este asunto. Y, ciertamente, ahora se entiende cómo dicha comisión pudo llegar a unas conclusiones tan favorables a los ahora imputados, aunque para ello tuviera que decidir el voto de un directamente interesado como el exalcalde Díaz. Ayer Cubas reconoció que, cuando realizó su informe sobre el caso Grúas, este era “genérico y no tenía el expediente de grúas a la vista, y que fue un informe genérico sobre la posibilidad del cambio del aval”. Y, curiosamente, a pregunta del abogado de Díaz, aclara que si el informe es genérico es “porque se le pide” así.

Pero, a su manera (las propias de una jurista, además con ganada fama de excelente profesional), Cubas explicó también por qué el aval puesto por la empresa Autogrúas Poli cuando en 2004 se hizo con la concesión nunca pudo hacer las funciones de fianza del préstamo de 120.000 euros, como insisten los ahora investigados por la Justicia.

Cubas hace, con sus respuestas de ayer, un repaso a la legislación para explicar primero que “cuando se establece una garantía, garantiza lo que en la firma del contrato se ha establecido y siempre lo establecido en la ley: daños y perjuicios del contratista con la administración”. Pero ¿esa cláusula general de la ley incluye un asunto tan extravagante como este préstamo de un Ayuntamiento a una de sus concesionarias? La respuesta de Cubas no deja lugar a dudas: “Responde de las obligaciones del contratista con la administración y que son objeto del contrato; y que se refiere a las obligación contraída, en este caso, la prestación del servicio”. Sobre si se podía ampliar al préstamo, Cubas, como buen jurista, dice que “con una interpretación más amplia, el aval podría responder de otras responsabilidades, pero que habría que analizar cada caso concreto”. O lo que es lo mismo, si se hace una interpretación literal de la norma, no.