El Ministerio Fiscal ha concluido la larga instrucción del caso Triana, seis años más tarde de iniciar el proceso, en el que el Cabildo intervino para evitar conductas de supuestos malos tratos y vejatorios por parte del acusado, José Amén Mustafá, para el que la fiscal pide ocho años y tres meses de cárcel, además de indemnizaciones que suman 35.000 euros para un total de siete residentes afectados por graves discapacidades físicas y psíquicas.
El centro, intervenido a raíz del expediente abierto por el Cabildo, llevado a cabo por una experta que trabajó en el documento de forma exhaustiva durante varios meses, a partir de las reiteradas denuncias de la madre de una de las usuarias que mantiene la única acusación particular del proceso, goza ahora de un modelo de tratamiento conductual y de atención a los discapacitados que ha generado la tranquilidad de las familias, involucradas en la vida de los residentes.
El escrito de petición de pena de la Fiscalía para el director del centro hasta noviembre de 2008, cuando fue desalojado de la instalación por parte de un equipo de seguridad contratado por la Corporación insular, argumenta prácticas vejatorias y humillantes para la dignidad de al menos siete usuarios.
Mustafá se habría valido de su cargo en el Centro de Discapacitados de Triana para “constreñir la integridad moral, la dignidad y la inviolabilidad de los usuarios internos en el centro”, todos ellos afectados con graves discapacidades psíquicas y físicas, “siendo que muchos de ellos no son capaces de hablar ni de mostrar comunicación de ningún tipo”.
La Fiscalía recoge en su escrito que José Amen Mustafá, “aprovechando su cargo de director y de forma totalmente indebida para corregir determinadas conductas”, desarrolló sobre al menos tres de los internos “la práctica consistente en verter garrafas de agua fría, previamente extraída de la cámara frigorífica de la cocina del centro, situándolos para ello en el llamado espacio reeducativo, habitación aislada en la que el acusado se encontraba a solas con los internos”.
Además, según la Fiscalía, el acusado “empleó la práctica, ante la falta de control de esfínteres de alguno de los internos”, “tras hacerse sus necesidades y estando cubiertos de heces, consistente en restregar las mismas sobre el rostro” de dichos usuarios, indica el escrito.
La familia que sacó a la luz esta situación, tras el ingreso de su hija con autismo en el centro, puso en conocimiento de los entonces responsables administrativos y politicos del recinto, Guadalupe González Taño y Jovita Monterrey, presidenta de la institución y consejera de Asuntos Sociales, respectivamente, que los controles de supervisión llevados a cabo por su técnicos, apartados ahora de esos servicios, habían pasado por alto años de supuestos malos tratos.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas