Caso Grúas

Viciana: “La decisión de no rescatar la concesión fue política y no técnica”

El entonces concejal de la oposición responsabiliza en el juzgado a Clavijo y Díaz de que optaran por la intervención, y declara que el hoy presidente regional en funciones lo llamó para interceder por la empresa

Ignacio Viciana, consejero delegado de Muvisa. | FOTO: Sergio Méndez

Ignacio Viciana, que fuera concejal de la oposición lagunera durante el mandato comprendido entre 2011 y 2015, declaró ayer ante el juzgado que investiga el llamado caso Grúas que “la decisión de no rescatar la concesión fue política y no de los funcionarios”, a pesar de que los graves incumplimientos del pliego de condiciones obligaban al Ayuntamiento a recuperar el control de dicho servicio municipal. Sin embargo, se optó primero por intervenir la empresa (una decisión que Viciana achaca “al alcalde y al concejal de Seguridad”, que por aquel entonces eran los hoy imputados Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, ambos de Coalición Canaria), para posteriormente conceder un préstamo de 120.000 euros y prorrogar la concesión. Ambas decisiones son investigadas judicialmente ahora por si pudieran ser constitutivos de delitos, concretamente los de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Viciana, que recientemente ha sido nombrado consejero delegado de Muvisa, respondió ayer en calidad de testigo a las preguntas de las partes, entre las cuales figuran la fiscal anticorrupción provincial, las dos acusaciones populares (impulsadas por los grupos municipales Unid@s se puede y Por Tenerife-Nueva Canarias), y los cuatro abogados defensores, dado que ayer se sumó el de la última investigada.
Aunque también declararon ayer como testigos en el Juzgado de Instrucción Número Dos de La Laguna el también exconcejal de la Ciudad de Los Adelantados Gustavo Matos y la directora municipal de la Gestión Económica-Financiera, Sara Gómez, sin duda la de Viciana fue la de mayor interés para el caso, a tal punto que llegó a contar cómo el entonces alcalde, Fernando Clavijo (CC), intercedió ante él cuando presentó una moción en favor de recuperar la concesión. “En el transcurso de lo que presento la moción y se celebra el pleno, me llamó Clavijo y me pidió que tuviera en cuenta que acababan de coger la empresa y que la situación era muy mala, y que además me dijo que irían a verle los trabajadores (en alusión a los entonces propietarios de la concesionaria, algunos afines al propio Clavijo), quienes efectivamente fueron”.

Finalmente, explicó Viciana, optó por retirar la moción “por buena fe”, pero que, al comprobar que la situación seguía igual o peor (no cobraban trabajadores que no eran del grupo de afines a Clavijo, deudas a la Seguridad Social, falta de tarjetas de transporte habilitantes para que pudieran circular las grúas), recuperó la moción y la presentó en noviembre de 2013.

Además, Viciana detalló que el también imputado y entonces concejal de Seguridad, José Alberto Díaz (CC), se oponía a recuperar la concesión aduciendo que era imposible subrogar a los trabajadores, lo que finalmente ocurrió cuando otro empresario, José Luis Tacoronte, se hizo cargo de Auto Grúas Poli por un euro, a cambio de responder por las deudas acumuladas, unos 700.000 euros.

Tras Viciana le llegó el turno a Matos, recientemente elegido como presidente del Parlamento de Canarias. La declaración de Gustavo Matos se centró sobre la transformación de la empresa de unipersonal a persona jurídica, lo que tuvo lugar en 2005, un año después de que tuviera lugar la privatización del servicio, y cuando aún era José Padilla el dueño de la concesionaria.

Detalló Matos que, a su juicio (es abogado) “las garantías que se exigieron al primer titular debieron ser revisadas cuando se pasó de SLU [Sociedad Limitada Unipersonal] a SL [Sociedad Limitada], y que además debió someterse a pleno”, lo que nunca tuvo lugar. Dicho cambio, sostiene Matos, “conlleva una cesión indirecta de la concesión”.

Para este socialista, que ya no estaba en el Ayuntamiento cuando se llevaron a cabo el préstamo y la prórroga ahora bajo investigación, “lo correcto debía haber sido ir a un nuevo concurso, sobre todo porque el servicio de grúas no era complicado y no iba a paralizar la vida de la ciudad”.

Sara Gómez. Sergio Méndez
Sara Gómez. Sergio Méndez

El último turno fue para Sara Gómez, cuyo puesto al frente del área económica y financiera municipal es de libre designación. Con el citado desempeño desde 2014 hasta la actualidad, Gómez explicó que los 120.000 euros del préstamo no llegaron a la empresa (ya controlada por los afines a Clavijo), sino que se saldaron con los numerosos embargos que pesaban sobre la concesionaria, y que en su departamento “no se recibió comunicación de que habían empleados de la entidad que no cobraban la nómina”.

Gómez también sostuvo que el aval inicial sirvió para idéntica función con el préstamo, a la par que reconoció que “nunca tuve conocimiento de la concesión de otro préstamo de estas características”.