El Pleno de La Laguna aprobó ayer, durante la celebración de una sesión urgente y con la abstención de CC, que el Ayuntamiento asuma de manera temporal la gestión de los 46 centros ciudadanos que hay en el municipio, mientras el Consistorio trabaja en la nueva licitación y adjudicación de este servicio, con un plazo máximo de un año, según explicó la concejal de Presidencia y Planificación y portavoz del PSOE, Margarita Pena. Se trata, en concreto, del servicio que oferta en estos centros talleres de dinamización y ocio para diferentes colectivos, y que son impartidos por 33 trabajadores, que mantendrán sus puestos “con las mismas condiciones que tenían en su convenio colectivo”, indicó la edil.
El nuevo Gobierno local ha adoptado esta decisión tras conocer que la empresa concesionaria del servicio ya tenía vencido su contrato, junto con las dos prórrogas que legalmente le son permitidas, desde mediados del pasado año, cuando el anterior Gobierno autorizó una continuidad del contrato, una fórmula por la que la empresa “sigue prestando el servicio sin título jurídico”, según denunció el portavoz de Avante, Santiago Pérez, y cuyo plazo finalizaba ayer, 31 de julio, lo que urgía a aprobar esta asunción del servicio por parte del Ayuntamiento para que se pudiera seguir prestando. La concejal socialista destacó que esta solución propuesta es “la más legal de las posibles” y calificó de “calamitosa” la gestión previa del expediente para volver a sacar a licitación este contrato.
Por su parte, el anterior responsable del área, Jonathan Domínguez (CC), argumentó que este expediente está iniciado “como cinco veces y ha ido caducándose por inacción de una parte y otra”, y defendió que cuando “CC hereda este expediente en noviembre de 2018”, al asumir el área, “lo primero que hago es que se empiecen a redactar los pliegos y se intentó apurar al máximo para que antes del 29 de abril estuvieran aprobados para iniciar la licitación”, lo que no se logró cerrar. Aún así, Domínguez valoró la decisión del actual Gobierno de asumir el servicio, pero indicó que su grupo se abstendría en la votación porque “algunos aspectos nos despiertan dudas legales”.
El Ayuntamiento asumirá este servicio mientras se licita y adjudica la nueva contratación, con un plazo máximo de un año. De hecho, la Junta de Gobierno local ya aprobó, el pasado martes, ordenar el inicio del expediente de licitación. Además, la nueva adjudicataria tendrá que subrogar a los trabajadores.
Deuda, subvenciones y facturas
Por otra parte, el Pleno aprobó también, por unanimidad, una modificación presupuestaria de 8.165.574 euros para amortización de la deuda; así como otra de 2.017.313 euros, con la abstención de Ciudadanos, para el plan estratégico de subvenciones de este 2019 que, según denunciaron desde el Gobierno local, no había sido aprobado por el anterior. “El plan de 2020 será diferente, todas las áreas están trabajando para hacer mejoras, pero lo que traemos aquí es una respuesta a una situación desesperada de multitud de colectivos”, criticó el edil de Bienestar Social y portavoz de Unidas se puede, Rubens Ascanio. Sin embargo, en este punto, el concejal Alberto Cañete (Unidas se puede) manifestó su disconformidad con que se destinen partidas públicas a entidades de carácter religioso.
Asimismo, también se aprobó, con la abstención de Ciudadanos, una modificación de 1.892.091 euros para el pago de facturas extrajudiciales (939.148 euros), así como para cubrir las necesidades de las áreas municipales para lo que queda del año, con otros 953.000 euros, según indicó el concejal de Hacienda, Alejandro Marrero. A este respecto, según datos de Hacienda, a 20 de junio, el área de Fiestas solo disponía ya del 5% de su presupuesto inicial para este año; la de Bienestar Social, del 9,68%; la de Educación, del 11,63%; y la de Servicios Municipales, del 15,77%.
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