El primer pleno del Cabildo palmero bajo la presidencia de Mariano Hernández Zapata, ha dejado constancia de que el grupo de seis consejeros comandados por el que fuera candidato del Partido Popular (PP) en las elecciones del pasado 26 de mayo, y ahora titular de la institución, pasa oficialmente al de no adscritos, sin derecho a retribución económica alguna de las arcas de la institución que gobiernan junto a los siete consejeros socialistas.
Así lo reveló la secretaria de la Corporación insular, que dio lectura en el arranque de la sesión plenaria a las conclusiones del informe técnico que determina dicho paso al grupo de no adscritos, con el que los consejeros de Hernández Zapata no están de acuerdo. Así, dejan claro que “no se han tenido en cuenta aspectos tan importantes como las formas del procedimiento de expulsión, en el que se han incumplido las garantías”, y citan la jurisprudencia que, de tenerse en cuenta en este caso, obligaría a su readmisión al grupo del PP por parte de la propia Secretaría. En concreto, una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de 1982, citada por el portavoz y consejero Carlos Cabrera, en el que una decisión de la misma naturaleza fue anulada por el alto tribunal. Así las cosas, las medidas cautelares que los ahora consejeros oficialmente no adscritos y miembros del grupo de gobierno del Cabildo han solicitado son la única vía para que puedan realizar su trabajo, con áreas y competencias insulares de la máxima responsabilidad, cobrando las retribuciones establecidas por su dedicación, sea esta parcial o exclusiva.
Nieves Lady Barreto, líder de la oposición al frente del grupo de Coalición Canaria (CC), criticó las interpretaciones jurídicas del consejero Carlos Cabrera, al que el vicepresidente de la institución, Anselmo Pestana (PSOE), apoyó negándose a la petición de lectura de todo el informe de la Secretaría en base a los antecedentes en las formas y tratamiento de este tipo de documentos.
De momento, los portavoces de los tres grupos se verán estos días las caras para analizar los detalles de un presupuesto insular, el de 2019, que asciende a 121.985.331 euros, cantidad a la que hay que sumar el crédito de alrededor de 15 millones de euros generado de fondos Fdcan 2019 para Infraestructuras y Empleabilidad, así como para el II Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. El principal documento económico de la Corporación insular para este año prevé políticas de gasto que crecen en prácticamente la totalidad de las áreas, destacando el capítulo destinado a infraestructuras, que alcanza una partida de 25,76 millones de euros.
