Todos los concejales que votaron a favor en 2008 de la aprobación del Plan General de Ordenación (PGO) de Arona 2010, así como el secretario de entonces, Cristian Marcelino y el abogado Jesús Ramón García, han quedado absueltos del delito de prevaricación administrativa (artículo 320 del CP) según el fallo dado a conocer esta semana por la Audiencia Provincial. Sin embargo, pese a ese fallo, el PGO aquel fue una chapuza y no solo por no superar el impacto ambiental que lo tumbó en el Supremo, sino por una veintena de irregularidades, como la de variarlo sustancialmente cuando la Cotmac les requirió un cambio solo parcial.La Justicia decidió que no hubo delito, pero quedan conductas indebidas que deben tenerse muy en cuenta ahora que se está tramitando, 11 años después, un nuevo Plan General para Arona, el municipio de las mayores atrocidades urbanísticas cometidas en Tenerife.
Águeda Fumero se acuerda de Arcadio Díaz
Una de las absueltas, entonces -como hoy- concejala del PP en la oposición, Águeda Fumero, recordó en un ruego el jueves en el pleno municipal que lo que se votó en aquella ocasión en 2008 fue “la revisión del PGO y devolverlo a la Cotmac, nunca su aprobación”, según le informó el secretario (Cristian Marcelino) en sesión plenaria, sin recordar que otros le avisaron de la ilegalidad que se cometía o de que la técnico jurista, Manoly Melo, había informado en contra de aquella revisión. Fumero se sorprendió que el fallo se diera a conocer ocho meses después de que el juez ponente, “el exsenador socialista Arcadio Díaz Tejera”, dijo, lo redactara. Y terminó repasando los insultos de corrupta que ha soportado durante 11 años como un “juicio paralelo” y el daño que le ha hecho familiar y profesionalmente. “En política no todo vale”, para terminar recordando a Benjamin Franklin, “la honestidad es la mejor política”.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas