caso grúas

Avante se opone a que el privilegio de Clavijo se lleve toda la causa al Tribunal Supremo

Para esta acusación solo debe remitirse lo relativo al expresidente, a quien se critica por el uso “groseramente fraudulento” de su aforamiento
La pugna radica en si el aforamiento de Clavijo (En el recuadro) arrastra o no al Supremo al resto de imputados, como por ejemplo, el exalcalde José Alberto Díaz (i). F.P.
La pugna radica en si el aforamiento de Clavijo (En el recuadro) arrastra o no al Supremo al resto de imputados, como por ejemplo, el exalcalde José Alberto Díaz (i). F.P.
La pugna radica en si el aforamiento de Clavijo (En el recuadro) arrastra o no al Supremo al resto de imputados, como por ejemplo, el exalcalde José Alberto Díaz (i). F.P.

La acción popular ejercida por el grupo municipal Avante La Laguna, cuya principal cabeza visible es el hoy consejero de Urbanismo en la Ciudad de Los Adelantados, Santiago Pérez, se opuso ayer formalmente a que la remisión del llamado caso Grúas al Tribunal Supremo (TS) se limite exclusivamente a los hechos que tengan relación con uno de los imputados, el expresidente regional Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que tras ser nombrado como senador por la Comunidad Autónoma ya ha reclamado su privilegio como aforado para evitar ser juzgado en las Islas como cualquier ciudadano canario.

Aunque en el escrito presentado ayer en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna por la representación legal de Avante, ejercida por la abogada Sandra Rodríguez, se critica con dureza ese privilegio de Clavijo, su oposición se circunscribe a que dicho juzgado “acuerde no remitir la totalidad de la causa al Tribunal Supremo”. O, lo que es lo mismo, que este Alto Tribunal entienda únicamente lo que tenga relación directa con el referido coalicionero, mientras que la causa seguida contra los otros tres investigados (los también exediles de CC José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño, y la exdirectora municipal de Seguridad, Rosario García) siga bajo la jurisdicción que les corresponde, que no es otro que dicho juzgado de instrucción lagunero.

Para argumentar tal solicitud, Avante plantea que “la remisión de toda la causa al TS equivaldría a convalidar -ergo premiar- una criticable utilización, groseramente fraudulenta, de la elección autonómica de un nuevo miembro del Senado [Fernando Clavijo] con el designio patente de calzarse el privilegio por el que ha venido ‘desgañitándose’ procesalmente desde el inicio de la investigación”.

En la misma línea, el documento que nos ocupa ahonda en que remitir la totalidad de la causa tendría “como consecuencia, escapar del alcance tanto del juez ordinario territorial predeterminado por la Ley como de la Audiencia competente para resolver los recursos. En ningún caso es razonable ni, por lo tanto, constitucional ni jurídicamente admisible que el impacto de un aforamiento forzado truculentamente pueda alterar por completo y por entero una instrucción ya en curso. Y que lo haga englobando en sus efectos a una pluralidad de personas y hechos enteramente ajenos al tacticismo de adquirir o comprar, de forma sobrevenida, un privilegio procesal que, como tal privilegio, debe siempre interpretarse estrictamente acotado, tanto en lo personal, como en lo temporal y en lo material”.

Es menester reseñar que, para reforzar esa interpretación acotada, la abogada de Avante La Laguna se remite a un informe del Consejo de Estado que, en su momento, fue utilizado (y alabado) por la representación legal de Clavijo (dirigida por uno de los penalistas más conocidos y caros de España, José Antonio Choclán) para defender sus propias tesis.

Ahora, esta acusación popular recuerda que “el relevante dictamen del Consejo de Estado aconseja restringir el alcance de esta prerrogativa a sus confines más estrictos. Lo que exige vincularla exclusivamente a los hechos cometidos en el ejercicio del cargo o mandato representativo del art.71.3 CE (diputados y senadores)”. Llegados a este punto, hay que recordar que la implicación de Clavijo en el caso Grúas obedece a hechos acaecidos en 2014, cuando era alcalde de La Laguna. “El objeto del aforamiento -continúa el escrito de Avante- es proteger la función parlamentaria y la composición de las Cortes Generales frente a acciones orientadas a alterar el cumplimiento regular de sus fines constitucionales, excluyendo de su alcance cualesquiera supuestos que extravasen o antecedan el sentido de ese aforamiento por no tener conexión con esa representación o ser anteriores en el tiempo a la asunción de ese mandato. Esa cautela, plenamente justificada en el actual estadio de desarrollo del orden constitucional, ha de extremarse aún más cuando se constata la presencia de dos circunstancias determinantes”. La primera es lo avanzado de la instrucción por este caso relacionado con la presunta comisión de tres delitos relacionados con la corrupción. La segunda, subrayada en el original, sostiene que “la cuestión planteada por el aforamiento sobrevenido de una de las personas investigadas en la causa es directa consecuencia de una decisión personal cuyo único propósito reside, palmariamente, en asegurarse ese aforamiento por el que desde su imputación ha venido pugnando una y otra vez, sin éxito”. No en balde, una de la causas por las que se ha demorado la fase de instrucción de este caso Grúas se debió al baldío empeño de Clavijo de que las diligencias se elevasen al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, que acabó con los aforamientos en el Archipiélago, frustró el intento.

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