El senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, dijo ayer que apoya la tesis de la jueza lagunera que instruye el llamado caso Grúas y no ve necesario que declare el propietario de Autogrúas Poli, José Padilla, decisión revocada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que esta semana ha inadmitido definitivamente un recurso de la defensa del expresidente.
“Ella dijo que no era necesario y la Audiencia dice que sí”, afirmó Clavijo en una entrevista concedida a Cope Canarias y recogida por Europa Press donde incide en que las declaraciones de Padilla en la comisión de investigación del Ayuntamiento y ante la Guardia Civil “obran en los autos y las tiene la jueza”. Clavijo no entiende “por qué la Fiscalía sigue pidiendo diligencias” y sostuvo que su incidente de nulidad -rechazado por la Audiencia tinerfeña- se debe al objetivo de que la justicia “resuelva ya” el caso.
Sin embargo, la Audiencia tinerfeña ya ha respondido a Clavijo, que está imputado por este caso Grúas, tanto en un auto dictado el pasado julio como en la providencia de esta semana. Así, en ambos textos se recuerda que “lo declarado en sede policial solo sirve a los fines de la investigación policial”, para a continuación detallar que “el Ministerio Fiscal manifiesta que varios de los testigos que propone realizaron declaraciones policiales, cuyo contenido refiere, en las que se acreditaría por vía indiciaria, ante la dificultad de prueba directa, los elementos objetivos y subjetivos de los delitos cuya investigación propone. No es función del tribunal el examen de tales declaraciones, las que por otra parte no constan en los testimonios remitidos, sino valorar si las mismas sirven a los fines de la instrucción, tal y como se proponen, o si por el contrario contienen la pretensión aludida por la defensa”. Así las cosas, la Audiencia concluye que “ante la parquedad e insuficiencia de la motivación desestimatoria de la instancia, este tribunal debe dar por buena la alegación de la acusación recurrente, pues efectivamente se debe determinar por la instrucción de la causa si tales afirmaciones realizadas por personas cualificadas por su relación y cercanía a los hechos se mantienen ante la juez de la instrucción, pues de otro modo podría cuestionarse la viabilidad de la acusación relativa a los hechos por ellos manifestados”.
Más allá de los motivos jurídicos expuestos por el alto tribunal tinerfeño, el testimonio de Padilla (como ha recuperado en días pasados DIARIO DE AVISOS) resulta muy perjudicial para Clavijo, dado que el empresario lo acusa de, presuntamente, presionarlo y amenazarlo para que contratara a casi todos los trabajadores a los que luego tuvo que vender la concesionaria porque el Ayuntamiento lagunero dejó de pagarle lo pactado siendo Clavijo el alcalde por aquel entonces.
Sobre su marcha al Senado para obtener el aforamiento y que el caso recaiga en el Tribunal Supremo, Clavijo precisó que acude a la Cámara Alta para “defender a Canarias” y en todo caso, señala que cree en la justicia pues “no hay distintas justicias en función del tribunal en que caigas”. Sin embargo, lo cierto es que Clavijo no está obligado, por el hecho de ser senador, a acogerse al privilegio del aforamiento, un anacronismo ya derogado en Canarias pero aún vigente en lo que se refiere a las Cortes Generales.
El caso Grúas versa sobre tres delitos relacionados con la corrupción (malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias) y, además de Fernando Clavjo, son investigados sus compañeros de Coalición Canaria José Alberto Díaz y Antonio Pérez Godiño, así como la exdirectora municipal de Seguridad Rosario García.
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