caso grúas

Clavijo porfía a la desesperada para evitar que declare un testigo clave

El abogado estrella del coalicionero presenta un incidente de nulidad contra la decisión de recabar el testimonio del empresario José Padilla, sobre el que la Audiencia Provincial decidirá el próximo lunes

El expresidente de Canarias y hoy senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), está intentando que el empresario José Padilla, considerado como un testigo clave para esta causa, no sea finalmente llamado a declarar por el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna en relación al llamado caso Grúas, un asunto relacionado con la presunta comisión de tres delitos de corrupción por el que Clavijo está imputado (ahora investigado).

El presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el caso Grúas. Fran Pallero
El presidente de Canarias en funciones, Fernando Clavijo, tras declarar como imputado en el caso Grúas. Fran Pallero

Para conseguir tal objetivo, el abogado estrella fichado por el coalicionero, José Antonio Choclán (uno de los letrados más caros y conocidos del país tras defender, entre otros, a Cristiano Ronaldo y Francisco Correa, del caso Gürtel) ha presentado un incidente de nulidad contra un auto dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife con fecha del pasado 9 de julio, en el que se dio por bueno llamar como testigo a Padilla, así como a otros trabajadores de las grúas no afines a Clavijo.

Dicho auto apreció un recurso de apelación presentado por las acciones populares y la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión inicial de la titular del juzgado lagunero ya citado de no recabar el testimonio de Padilla, a pesar de que este empresario, tanto ante la Guardia Civil como en la comisión municipal que investigó el caso Grúas, declaró, entre otras cosas, que presuntamente había sido presionado por el Ayuntamiento de La Laguna (siendo Clavijo alcalde) para que vendiera la empresa concesionaria de dicho servicio a un grupo de trabajadores cuya mayoría han reconocido algún tipo de relación con el hoy senador.

Aunque los especialistas consultados por este periódico consideran este incidente de nulidad (basado en una supuesta vulneración de derechos esenciales del encausado por motivos estrictamente procesales) como una porfía a la desesperada que persigue evitar un testimonio que, vistos los antecedentes, se presume como muy negativo para los intereses de Clavijo, lo cierto es que, tal y como resulta preceptivo, la decisión sobre el mismo será adoptada por la Sala Segunda. Será el próximo lunes el día señalado para “la deliberación, votación y resolución” de dicha solicitud de la defensa de Clavijo, como reza un auto dictado el pasado jueves por la Audiencia Provincial, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. A este respecto, cabe recordar que la Sala Segunda está presidida por el también titular de la Audiencia tinerfeña, el magistrado Joaquín Astor Landete, que es, a su vez, ponente en lo relativo al asunto que nos ocupa.

A priori, lo normal sería que la Audiencia Provincial refrendase el próximo lunes su decisión de validar la declaración como testigo de José Padilla y varios trabajadores de la concesionaria no afines a Clavijo, ya reflejada en el citado auto del 5 de julio.

El caso Grúas versa sobre la presunta comisión de tres delitos de corrupción (prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias) a cuentas del cual ya hay cuatro imputados. Se trata del ya citado Fernando Clavijo, que cuando se produjeron los hechos (2014) era alcalde de La Laguna; de su sucesor en el cargo, José Alberto Díaz, entonces concejal de Seguridad; del también exedil de Coalición Canaria Antonio Miguel Pérez-Godiño (quien firmó un decreto ahora bajo sospecha porque Díaz estaba de vacaciones), y de la exdirectora general de Seguridad del Ayuntamiento de La Laguna Rosario García.

Básicamente, se investiga si hubo trato de favor desde el Ayuntamiento a los afines a Clavijo, que se habría materializado con un préstamo de 120.000 euros y la renovación de la concesión cuando habían incumplido gravemente lo dispuesto en el pliego de condiciones, causa que motivaba legalmente la recuperación del servicio. Para ello se aprobaron tres decretos levantando reparos de la Intervención Municipal.