Como adelantó en su momento DIARIO DE AVISOS, el expresidente de Canarias Fernando Clavijo confirmó ayer que su decisión de autoimponerse en su partido (Coalición Canaria) como senador por la Comunidad Autónoma se debía a su interés personal en acogerse a los privilegios propios del aforamiento, un beneficio procesal anacrónico que, si bien ya ha sido abolido en Canarias, sigue vigente para los miembros de las Cortes Generales, en este caso los de la Cámara Alta.
Además, y siempre dentro de la actualidad generada por el llamado caso Grúas, hay que resaltar que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife deliberó ayer (como adelantó este periódico) sobre el recurso planteado por la defensa de Clavijo para evitar que declare el empresario José Padilla (considerado como un testigo clave), si bien los magistrados decidieron aplazar hasta hoy martes su decisión a este respecto.
En referencia a la primera de las cuestiones, fue durante la mañana de ayer cuando la representación legal del coalicionero, comandada por uno de los abogados más conocidos y caros de España, José Antonio Choclán, registró la entrada en el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna de un escrito en el que se solicita que, “dada la condición de senador de Fernando Clavijo, el juzgado debe abstenerse de todo procedimiento y elevar la causa dirigida contra él, con atenta exposición razonada en los términos legales, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con la finalidad de que este órgano conozca, en su caso, la presente investigación”.
Junto a dicho escrito, la defensa del hoy senador adjunta un reconocimiento oficial de su condición como tal, expedido por el Parlamento de Canarias con fecha del pasado 31 de julio. Dicho reconocimiento lleva la firma de Jorge González como secretario primero de la Mesa, y en el mismo se da cuenta de la elección de Clavijo como senador de la Comunidad Autónoma.
Aunque tanto el propio político lagunero como el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, desvincularon en su día la elección como senador de Clavijo de su imputación por el caso Grúas, los hechos confirman ahora que, en realidad, buscaba lo que ahora solicita, que no es otra cosa sino beneficiarse de tal privilegio para que sea juzgado por el Tribunal Supremo y no, como ocurre con cualquier otro ciudadano de Canarias, por un tribunal de las Islas. A este respecto, hay que tener en cuenta que el aforamiento es un privilegio otorgado directamente al Senado como órgano y no a cada senador personalmente, por lo que, como ahora es el caso, es el interesado quien, motu proprio, solicita acogerse al mismo.
Respecto a la decisión de la Sala Segunda de la Audiencia tinerfeña sobre el incidente de nulidad planteado por la defensa de Clavijo, ayer solo trascendió que, si bien se produjo la deliberación prevista, no habrá decisión final hasta hoy martes, por cuanto los magistrados que componen dicha Sala han solicitado algo de tiempo para estudiar un informe que, sobre tal disquisición procesal, les entregó ayer el ponente en este caso, Joaquín Astor Landete, quien compagina su cargo como presidente de la Sala Segunda con el de la propia Audiencia tinerfeña.
Como se ha dicho, ese incidente de nulidad es un intento a la desesperada de Clavijo para que no declare el citado empresario José Padilla, cuyo testimonio se antoja clave para la investigación abierta por este caso de presunta corrupción y en el que se investigan tres delitos relacionados con la misma, como son la prevaricación, la malversación de caudales públicos y el tráfico de influencias.
Concretamente, el caso Grúas investiga si hubo trato de favor a personas relacionadas con Clavijo que en su día controlaron la empresa concesionaria de dicho servicio municipal cuando era alcalde de La Laguna.
Padilla: “A 6 de los 7 a los que tuve que vender la empresa me los impuso Clavijo”
Será finalmente hoy martes cuando la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife decidirá sobre el intento de Fernando Clavijo para que no testifique en el caso Grúas el empresario José Padilla, cuya versión es considerada como clave por especialistas conocedores de estas diligencias, así como otros trabajadores de la concesionaria no afines al expresidente de Canarias.
A este respecto, hay que tener en cuenta que el anterior dueño de la empresa concesionaria del servicio de grúas de La Laguna, José Padilla, reiteró ante la comisión municipal que estudió la vertiente administrativa de este caso que “seis de los siete a los que luego tuve que vender la empresa me los puso Fernando Clavijo”. Además, tal y como ya había declarado bajo juramento en un juzgado lagunero, Padilla también se reafirmó en su denuncia por las presiones que asegura haber recibido desde el Ayuntamiento lagunero para que cediera la titularidad de Autogrúas Poli a los siete empresarios aludidos, que en origen fueron contratados como trabajadores de la misma, como adelantó en su día DIARIO DE AVISOS.
Cabe recordar que cinco de esas siete personas ya reconocieron en sede judicial sus vínculos personales con el hoy senador Fernando Clavijo, quien fuera concejal de Seguridad y luego alcalde de la Ciudad de los Adelantados cuando sucedieron los hechos que ahora se investigan en el llamado caso Grúas. Tanto Clavijo como su sucesor frente al consistorio lagunero, José Alberto Díaz, el también exconcejal de Coalición Canaria Antonio Pérez-Godiño, y la exdirectora general municipal de Seguridad Rosario García están imputados por esta causa.
Respecto a las declaraciones de Padilla ante la comisión municipal, fue ante una pregunta del portavoz de Unid@s se puede, Rubens Ascanio, cuando sostuvo que contrató como trabajadores a seis de los que luego le sucedieron al frente de la firma por imposición de Clavijo, que entonces era concejal. “Va a ir un chico por allí para que lo contrates”, asegura Padilla que le dijo en alguna ocasión Clavijo.
También apuntó este empresario sobre este aspecto que tales contrataciones se realizaban aunque estos trabajadores, luego empresarios, carecían de la titulación adecuada para desempeñar su labor en la empresa. “Cuando Clavijo ya era el alcalde, no había ningún problema con eso, y además él lo sabía”, declaró Padilla ante la comisión, cerrada en falso al decidirse por el voto de calidad del entonces alcalde Díaz, a pesar de que tenía interés directo en el caso.
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